El cartismo expulsó de sus filas a Chaqueñito por “ciertos comportamientos particulares”. En una incómoda conferencia de prensa, el nuevo líder de bancada, Natalicio Chase, conversó e hizo el escueto anuncio señalando que “nuestra lucha ha sido la defensa de la familia, la moral y las buenas costumbres. Atendiendo a cuestiones particulares que no me compete hablar, hemos tomado esa decisión y a partir de hoy el senador Javier Vera queda excluido de la bancada de Honor Colorado”.
Vera es uno de los tránsfugas de Cruzada Nacional y el cartismo impuso su ingreso a la Cámara en reemplazo de Rafael Esquivel (Mbururú), inhabilitado por abuso de menores. Desde entonces, es fiel soldado de Honor Colorado. Fue la ultradefensora provida y profamilia Lizarella Valiente quien le impuso la insignia al nuevo republicano en una conferencia de prensa.
Vera nunca fue noticia por su labor legislativa, sino por su arrogante ignorancia, sumada a los escándalos de su vida privada que orondo exhibe en las redes sociales. Era un elemento incómodo, pero un voto seguro.
Hasta que estalló un nuevo escándalo de un supuesto video sexual. Lo que se sabe hasta ahora es que un ex policía lo extorsionaba con viralizar videos íntimos. Ya está imputado. Al parecer, hay un trasfondo escabroso sin epílogo aún que habría obligado a los cartistas a tomar la decisión.
La sobreactuada pose política con exceso de moralina se convirtió en un bumerán para el cartismo, especialmente por la fundamentación de la expulsión. Luego intentaron rectificar señalando que la exclusión fue por indisciplina. Tarde.
La oposición política y las redes sociales estallaron entre el morbo y la acusación política contra la doble moral de Honor Colorado, recordándoles que tienen un senador procesado por vínculos con el narcotráfico, otro senador procesado por falsificar su título de abogado y otros acusados de corrupción. ¿Por qué no aplican las medidas disciplinarias para estos personajes también?, era la pregunta hecha con venenosa ingenuidad.
HIPOCRESÍA. Como si fuera poco y para confirmar el doble discurso del cartismo, apareció como prueba irrefutable el nuevo contrato de la nepobaby Magida Esgaib, con un salario de USD 3.000 dólares (G. 22 millones) por trabajar 4 horas al día en la Embajada en Londres. Es hija del violento diputado Yamil Esgaib, con vasto prontuario en la Justicia por explotación de juegos de azar o por no pagar sus deudas al Club Guaraní. Según su declaración jurada, tiene un patrimonio neto de G. 14.000 millones, con un ingreso mayor de G. 100 millones al mes por su cargo y empresas. Aún con estas cifras, carga al raquítico Estado la manutención de su hija. La familia Esgaib resume los “valores” políticos, la “moral y las buenas costumbres” de Honor Colorado. Así se desprende de la cínica defensa que hizo nuevamente el presidente Santiago Peña del mismo caso. Se lavó las manos atribuyendo el pedido de nombramiento al embajador, su subalterno, quien no tiene otra opción que obedecer sus órdenes: “Hay un embajador en Londres y el embajador que evaluó el desempeño, dijo que esta joven hace realmente un trabajo excelente, que está cumpliendo una función, habla perfectamente el idioma, es una joven que está allá, así que él pidió, nosotros no podíamos negarnos ante el pedido del mismísimo embajador”, dijo mencionando a Juan Snead. Cuando estalló el escándalo en mayo, asumió que era un cupo político. Entonces, dijo: “Yo no estoy aquí para moralizar ni dar clases de ética a nadie”. Claro, el modelo prebendario no tiene nada de ética ni moral.
La cruzada moralina colorada no incluye el cambio de comportamiento de sus atávicas costumbres. El caso del intendente de Asunción, quien tiene el blindaje del movimiento oficialista, continúa sin dar explicaciones convincentes sobre el uso de los bonos. Apenas surgió el escándalo, se lo protegió políticamente y con ello se envió un mensaje a la Fiscalía que debe investigar el caso.
En el Senado apareció la lujosa camioneta del presunto traficante de armas, Diego Dirisio, tras un sugestivo acuerdo entre la Cámara y la Senabico. Se encontró en el estacionamiento del secretario del senador y presidente del Congreso, Bachi Núñez, quien en principio quiso evadir responsabilidades, pero luego se supo que firmó la recepción del rodado. La ley de bienes incautados y decomisados es clara con respecto al destino de esos bienes, que deben ser preferentemente a organismos que luchan contra el crimen organizado. La Cámara no necesita esa camioneta. Es un gasto innecesario para el Congreso que debe velar y conservar semejante rodado (seguro y mantenimiento), al solo efecto de satisfacer el ego del operador político que quiere ostentar un rango económico de estética narco a costa del erario público.
En tanto, el Incán sobrevive tras un presupuesto mutilado por el propio Gobierno, la Cámara de Diputados creó cinco comisiones más para seguir incorporando correligionarios con salarios privilegiados.
Y la lista continúa…
Son “las buenas costumbres” de los muchachos, cuya “moral” pública es más impúdica que los videos sexuales de su ex protegido político.
Textual
“A 20 años de aquel 1 de agosto, el dolor sigue persistiendo. Una de las deudas pendientes es el manoseo a las víctimas del Ycuá Bolaños por parte del Poder Judicial. Todo fue con el ánimo de proteger políticamente a quien entonces estaba al frente de la Intendencia de Asunción, Enrique Riera (ANR), y que hoy paradójicamente es el encargado de seguridad del país. Hay una gran deuda, sin duda”. (Liz Torres, de la Coordinadora de Víctimas y Familiares de la Tragedia del Ycuá Bolaños)
Lo que hay que saber
AMIGO NARCO. El senador Líder Amarilla (PLRA) está envuelto en un escándalo por su vinculación con un ex dirigente liberal involucrado en narcotráfico. Su explicación no convence.
EN UN TERMO. Bachi Núñez anunció un plan de refacción del Congreso que costaría G. 20.000 millones, mientras pacientes del Incán claman presupuesto para sobrevivir al temible cáncer.
ESPEJO. La crisis política en Venezuela ante la dudosa reelección de Nicolás Maduro pone en debate la defensa corporativa a un gobierno que ha roto todos los elementos de la democracia.
EN MANOS DE LA FISCALÍA. El examen de la declaración jurada de Mario Abdo revelan un crecimiento exponencial de sus bienes. Pero la Contraloría y la DNIT afirman que no hay delito.
