Pongamos los hechos en contexto. El caso Lalo nace con una investigación en Brasil sobre Jarvis Chimenes Pavão, el brasileño que lideró la mayor organización criminal en la frontera con Paraguay, un traficante de drogas que operaba desde Pedro Juan Caballero bajo la fachada de próspero ganadero. Jarvis fue detenido aquí y extraditado a su país en 2017 donde sigue preso. La Justicia brasileña constató, sin embargo, que parte de su estructura mafiosa se mantiene intacta debido a los fondos que recibe desde Paraguay. En 2021 allanaron su celda y descubrieron documentos y equipos que contenían información sobre sus bienes en Paraguay y sobre las personas con quienes su hijo, Luis Pavão, mantenía permanente comunicación telemática (correo electrónico) para convertir esos activos en dinero.
Brasil remitió a Paraguay esos mails y sobre esa base comenzó la investigación de la Fiscalía local. Los agentes paraguayos identificaron a Carlos Oleñik y Adrián Brizuela como los gestores de los bienes de Jarvis en Paraguay. Su hipótesis es que ambos introdujeron dinero sucio de Jarvis en diferentes empresas, y a través de estas al sistema financiero. Oleñik y Brizuela también vendían inmuebles para facilitarles liquidez, uno de ellos fue la estancia Negla Poty, adquirida por el diputado colorado Lalo Gómez y su hijo Alexander.
La operación, realizada a través de la financiera Finexpar (hoy Banco Zeta), registra un sinnúmero de irregularidades que solo se explican suponiendo que los Gómes sabían que el objetivo de la transacción era únicamente dar respaldo financiero a los Pavão. Siguiendo esta línea, los fiscales descubrieron que Lalo y su hijo realizaron varias transacciones muy parecidas (como de descuentos de cheques) a través del mismo grupo financiero y a favor de otras organizaciones mafiosas, como el clan Mota, la facción liderada por Luis Carlos Da Rocha (alias Cabeza Branca) y la compañía de Diego Benítez, acusada de traficar cocaína a Europa en tarros de pintura.
Los agentes concluyeron que Lalo y Alexander lideraban su propia organización responsable de brindar apoyo financiero y lavar recursos espurios de diferentes grupos criminales, una derivación insospechada del caso Jarvis. Con toda esta información, los fiscales decidieron finalmente detener a Alexander y confiscar teléfonos y equipos informáticos de la casa de Lalo, a quien no podían aprehender dados sus fueros de legislador.
Por supuesto, las circunstancias de su muerte se deben investigar, pero ¿por qué la reacción rayana en la indisciplina partidaria de los diputados oficialistas? ¿Por qué la amenaza inmediata de suspender a los fiscales del caso?
Sospecho que, en realidad, lo que preocupa es que la pesquisa prosiga y que salten más nombres de los beneficiarios del “sistema”, además de haber perdido la sensación de seguridad de que si saliste en la foto del quincho, nadie te va a tocar.