La intencionada confusión de límites entre el Estado y el partido político hegemónico es tan antigua que hace que situaciones absurdas sean consideradas naturales. Describiré dos ejemplos que sirven para explicarlo. Aclaro que ninguno de los dos es ilegal, pero ambos son anormales en una sociedad que se dice moderna.
Empecemos por el caso de la oficina de empleos de la ANR, dirigida por Enrique López Arce. Este ex funcionario del Ministerio de Trabajo, luego de pelearse con sus superiores, decidió renunciar. Según cuenta, a inicios del año pasado fue convocado por Horacio Cartes para crear un centro de asesoramiento para el empleo dentro del Partido Colorado, aunque “dirigido a todos los paraguayos necesitados”. El señor López es muy activo y logró que el presidente de la ANR, Pedro Alliana, comparta, orgulloso, la foto de una larga fila de jóvenes con sus carpetas en la mano esperando ser entrevistados.
Ya sé que habrá muchos que dirán que eso está bien y que los demás partidos deberían hacer lo mismo. Y es allí cuando me saltan las incongruencias. Primero, porque esa no es la función de un partido político, sino del Gobierno, y, segundo, porque desde hace setenta años el Partido Colorado es gobierno en el Paraguay. Y, desde el Gobierno, jamás impulsó políticas públicas vigorosas para el pleno empleo. Al contrario, sectarizó la Función Pública, alentó la existencia de planilleros, impidió el ingreso por concursos y mediocrizó la educación.

Entonces, como el Gobierno no ofrece nada, desde la ANR, el señor López tiene una oficina de empleos. Y se pone contento por la inmensa cantidad de jóvenes desesperados por trabajar que logra convocar. Lo entendería mejor si la ANR no fuera gobierno. Son los colorados los que tienen, desde el Gobierno, la posibilidad de encontrar soluciones de fondo. Si la incoherencia sigue así, dentro de poco veremos ollas populares en el patio de su local partidario como respuesta a la crisis económica causada por la inacción del Gobierno... colorado. Y habrá gente diciendo que eso está bien y que los otros partidos deberían hacer lo mismo.
Ahora vamos a lo ocurrido hace unos días en Hernandarias. Allí, Horacio Cartes encabezó un acto político en la sede social de los empleados de Tabesa, su tabacalera, para respaldar a políticos colorados del Alto Paraná y, en especial, a Ulises Quintana, candidato a intendente de Ciudad del Este.
Más allá del expresivo mensaje enviado por el ex presidente al enfatizar su apoyo a quien Estados Unidos califica como “significativamente corrupto y un peligro para la democracia”, hay cosas que me hacen ruido. En ninguna de las empresas del Grupo Cartes se permiten los sindicatos. Pero existe un Centro Colorado de la Tabacalera del Este SA, que ya hace seis años publicaba en su página de Facebook mensajes como este, a favor de un intendentable colorado de Hernandarias: “Si votan por Rubén Rojas estarán votando por el candidato del Sr. José Ortiz Escauriza, hombre de confianza y mano derecha del presidente de la República, que apoya 100% la candidatura de Rojas. (…). En síntesis, ¡demasiado burros ya tenemos que ser para votar por otro candidato!”.
Ya sé que habrá muchos que dirán que eso está bien y que una empresa privada puede hacer lo que quiere. Sin embargo, no me huele del todo normal. Supongo que habrá empleados no colorados de Tabesa que concurrieron al mitin por miedo a perder el empleo.
Es entonces cuando se me juntan los dos ejemplos y me viene a la mente una especialidad colorada: la humillación. Antes el ciudadano debía afiliarse al partido para conseguir un cargo público, ahora debe concurrir a la Junta de Gobierno para una oportunidad de trabajo o estar presente en una reunión partidaria para no arriesgar quedar fuera de una empresa.
No será ilegal, pero es denigrante. “La afiliación es la esperanza de poder estudiar y trabajar”, sostuvo Cartes. Esa frase aparentemente inocente tiene una alta carga vejatoria. Y su naturalización es inaceptable.