Podemos quizás acordar entre una gran mayoría que estamos construyendo el nuevo Paraguay, que se verifican comportamientos que son como grandes grilletes que nos impiden avanzar hacia una sociedad con mayor capacidad de gestión positiva y sostenible.
Decidir qué hacer con estos implica decisiones colectivas de gran responsabilidad, y que demandan valentías para llevarlas adelante. Ejemplos en Latinoamérica tenemos visibles tanto de los que se han puesto grilletes y de los que los han podido cortar y dejar atrás.
Lo que no puedo percibir por la dificultad de acceso a los entretejidos de grandes grupos de interés, tanto políticos como familiares, es cómo implementar pequeños hitos y ajustes que sean viables de realizar y acordar una mejora visible en la gestión del poder. Y hacerlo institucionalmente. Escucho mucho esto, no va a cambiar, esto es muy difícil de llevar adelante y la justificativa: “Todos tenemos techo de vidrio en Paraguay”. Pero estas son solo excusas de personas que no tienen una fuerte convicción de cambio para mejorar y pagar el precio. Tal vez están cansadas de ver algo y están anestesiadas en su intento de ver un Paraguay diferente.
Sin embargo creo que una gran mayoría sí está en la búsqueda del cómo lograr el cambio. Sabemos y somos conscientes de que el entretejido social del Paraguay está evolucionando muy rápidamente, donde personas con intereses, voluntades, poder y de alguna manera sujeción a un acuerdo legal de respeto a las leyes, vamos juntos mezclados cada vez más. Incluso con extranjeros, transitando para construir nuestros destinos y, sobre todo, un porvenir mejor.
Uno de los grilletes más pesados que arrastramos culturalmente es aceptar que alguien con poder, y con responsabilidad de cumplir con las obligaciones de su cargo, en forma tan descarada acepte que hace algo indebido. Y que perjudica a determinadas personas o beneficia a alguna en una forma mercantil. Además se pone encima de la legalidad de forma escandalosamente pública. Y cuando esto ocurre no siente ningún rubor o no existe ninguna acción de contraposición en lugares que deberían ser resortes institucionales de mínimamente poner en el tapete “la ley”.
Pero esta palabra está como sujeta a los “intereses” de los que ostentan el poder, que increíblemente no se percibe como algo transitorio.
Aun cuando estas anomalías sigan, en nuestro proceso de institucionalización ya se entiende que este modelo se va transformando en uno nuevo. El que exige una mayor sujeción a un acuerdo colectivo de justicia y equidad. Ello, a pesar de que el sistema afectado se comporta como un cuerpo infectado que se defiende contra todo que tenga la intención de cambiarlo.
Rescato que la diputada Rocío Vallejo, quizás en una forma solitaria aún, es una voz de alerta y de atención sobre lo que realmente es necesario cambiar si aspiramos a evolucionar. Hemos visto esto en forma de proceso en algunos casos en los anteriores espacios de poder, y será así como describo, un proceso que tendrá victorias y derrotas. El actual sistema político y empresarial sabe que el país está en transición. Y que el cambio quitará muchos de los privilegios que hoy se ostentan, se abusan, para atender a intereses que no ayudan al país.
La premisa es clave. Consiste en validar si la acción provoca una mejora al colectivo ciudadano, si permite una mejor ejecución de una iniciativa de justicia y cumplimiento de objetivos republicanos. Si nada de esto se cumple y la acción está directamente orientada al abuso, violación y perjuicio del Estado.
