El Ejecutivo pergeña estas maniobras arriesgadas, a las que se agrega el afán de lograr que otra agencia calificadora brinde también el grado de inversión, similar al otorgado a mitad del año pasado por Moody’s. Son varios los obstáculos que impiden esa anhelada calificación que, así como lo dicta la regla del mercado, permitirá financiamiento más adecuado para las obras del Estado o las inversiones privadas.
El Estado de derecho flagelado, la inseguridad jurídica, el irrespeto a las normas y leyes, el avance del narco-Estado y las incertidumbres con relación al PGN promulgado cada año, que infla cada vez más los gastos públicos y no da corte a la corrupción, hacen un cóctel letal para que el país no logre ese estadío perseguido con ansias.
Todo muy lindo con el flirteo a Wall Street, los organismos multilaterales y la banca mundial, pero a nivel interno otro es el panorama y la población continúa padeciendo los rigores de un Estado fallido, donde poco y nada se avanzó en este gobierno para implementar políticas públicas beneficiosas hacia la ciudadanía, con el fin de escalar peldaños y sufrir menos la estocada inflacionaria, el pésimo servicio del transporte público, un agonizante sistema de salud que endeuda cada vez más a la gente y la inseguridad que sí goza de excelente salud.
Narcotizados con las decisiones que se tomen a nivel internacional, desde los centros de poder y las metrópolis –donde reinan los de saco y corbata y ríen orondamente para las fotos–, las autoridades dan cada vez más la espalda al ciudadano de a pie, a quien ya no le alcanza para llegar a fin de mes, porque los juegos de ese mercado imprimen cada vez más restricciones a su bolsillo. Y ni qué decir de quienes ya no tenían sustento fijo desde antes de la pandemia, porque continúan acusando recibo de sus consecuencias.
Los burócratas ministeriales danzan al ritmo de los centros financieros que analizan si darán o no nueva oxigenación para las arcas públicas locales; y los ingresos vía tributos –si bien mejoraron últimamente– son mancillados por la escandalosa vida de legisladores y altos funcionarios quienes, en general, se aíslan en cómodas burbujas, mansiones de lujo y viajes placenteros.
La inequidad se eleva así a su enésima potencia, y se perpetúa la división de clases, con sectores de la ciudadanía cada vez más expulsados del sistema versus la élite gobernante a la que no le falta casi nada, no padece los rigores del intenso calor y ni se le corta la corriente eléctrica, porque puede adquirir un generador adecuado. Es más, algunos se dan incluso el lujo de comprar sofisticados retretes a precio de oro.
Mientras el propio primer mandatario sigue calendarizando escapadas al exterior para reunirse con referentes internacionales que podrían mirar con otros ojos al Paraguay y torcer la imagen de país corrupto y poco atractivo a las inversiones, la delincuencia se enseñorea en las calles, el tráfico de influencias se retroalimenta ante la impunidad reinante y crece el desencanto social que, si no fuera por el estoicismo con que la gente observa el despilfarro, la eclosión social avanzaría raudamente.
No obstante, ante la nota que pudieran otorgar las calificadoras –especializadas en analizar las condiciones de un país–, la calificación más importante en este caso es la emanada de la propia población local, cuando no ve que sus ingresos reditúen en mejor calidad de vida, en el momento de sufrir la discriminación y la desigualdad, y en el instante en que el “vamos a estar mejor” suena cada vez más hueco.
