Como una profecía de que la democracia está en riesgo permanente se dio el fallido intento de golpe militar en Bolivia en simultáneo con la cita continental. Hubo unánime condena al cuartelazo contra el presidente Luis Arce, quien controló en horas la situación. Los Estados miembros aprobaron inmediatamente una resolución condenando enérgicamente los hechos y denunciando cualquier intento de desestabilizar las instituciones democráticas en dicha nación. Cada país emitió su rechazo en las redes sociales. “El Paraguay condena las movilizaciones irregulares del ejército de Bolivia denunciadas por el presidente Luis Arce. Hacemos un enérgico llamado a respetar la democracia y el Estado de Derecho”, reza textualmente la postura del presidente Santiago Peña.
Superada la crisis, la asamblea volvió a sus propias batallas demasiado similares a las que suceden en el país.
Empezando por la amenaza regional del crimen organizado y el narcotráfico, desafíos destacados en la inauguración del cónclave. Paraguay ocupa el cuarto lugar en el ránking mundial de este crimen transnacional por la corrupción y debilidad de sus instituciones, fruto de la perversa comunión entre las mafias y la política. “La violencia y la inseguridad que tienen conceptos que están estrictamente ligados al crimen organizado, vinculados al narcotráfico, a la trata de personas, tráfico de armas, cada una de estas variables son hoy la principal amenaza a la democracia de la región; son la principal fuente de violación de derechos humanos en la región”, señaló Luis Almagro, secretario general de la OEA.
A su turno, Peña acotó que la inseguridad es una amenaza y socava la democracia.
ASUNTOS INTERNOS. La OEA no estuvo exenta de los problemas internos del país. Mario Abdo Benítez y la senadora expulsada Kattya González aprovecharon la cita para acercar sus denuncias contra el Gobierno. El ex presidente de la República acusó que él y varios ex funcionarios de su gabinete sufren un proceso de imputación orquestado por Horacio Cartes.
González, a su vez, presentó a cada Estado miembro una carta donde expone los detalles de inconstitucional expulsión del Senado. Además, hace referencia al copamiento institucional del cartismo y los peligros de esa hegemonía para la democracia.
DEMOCRACIA VS. ANTIDERECHOS. La disputa más ruidosa fue la defensa de los derechos humanos y especialmente contra la discriminación de los grupos más vulnerables, defendida por numerosas organizaciones de mujeres y de la sociedad civil, contra los mal llamados “provida”, que jugaron en su cancha con el apoyo del Gobierno y el poderoso apoyo de las iglesias Católica y evangélica, que enarbolaron su bandera contra la “ideología de género”. De todos modos, la OEA concluyó en su declaración la promoción de “sociedades igualitarias, justas y prósperas, asegurando el respeto de los procesos democráticos y los derechos de todas las personas, incluyendo especialmente a los miembros de grupos minoritarios y grupos en situación de vulnerabilidad”.
El punto de apoyo lo dio el propio Almagro al inaugurar las sesiones cuando señaló con claridad que “cada vez que se discrimina a alguien se violan sus derechos, afectando la cultura de las cosas; se está transgrediendo lo más básico de las relaciones humanas. Sentirse superior a otras personas es infame”, resumió.
Se podría decir que la OEA ratificó sus principios fundamentales, pero está por verse si los países, especialmente aquellos donde campea el autoritarismo, perfilan su comportamiento institucional de acuerdo a las resoluciones.
Y aunque es un organismo cuestionado por su ineficacia ante los graves problemas de la región, la asamblea puso en foco sobre lo que hay que hacer para mantener la democracia: cuidar el medio ambiente, combatir el crimen organizado, reducir la pobreza y las desigualdades, y eliminar las discriminaciones en sus variadas vertientes.
Varias materias en las que, por cierto, Paraguay está rezagado o directamente aplazado.
