Sin embargo, hasta el momento el Ministerio no da una respuesta clara sobre la titularidad de las cámaras, teniendo como principal indicio la instalación irregular por una empresa que no contaba con licitación adjudicada.
Según el concurso realizado por el PTI, en relación al convenio de esta ONG de Itaipú con el Ministerio de Justicia, el PTI es claro y establece que no reparará equipos que se malogren. En el punto 4 del Convenio 4500073/2023 “Apoyo a nuevos centros penitenciarios de Emboscada” se establece lo que se considera fuera del alcance de cooperación. “El alcance del proyecto de implementación del Sistema de Seguridad Básica e Instalación de Equipamientos, equipos y mobiliarios en las distintas áreas de la penitenciaría no incluyen los siguientes aspectos: Reemplazo de equipos de cualquiera de los componentes del proyecto Sistema de Seguridad, Equipamientos, Equipos y Mobiliarios que hayan sido dañados por hechos de hurto, vandalismo, mala praxis o sabotaje”, reza el documento.
Adjudicación poco clara. El PTI realizó un concurso de ofertas a través de su portal, donde ya no se encuentran el Pliego de Bases y Condiciones, el monto de la inversión ni la resolución del oferente adjudicado. En tanto se tuvo acceso al documento en el que se contrata a la firma Proseco para la provisión de dos lotes de equipamientos en la Penitenciaría de Emboscada. La firma fue contratada en abril de 2024 momento en el que contaba con investigaciones impulsadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por supuesta colusión, asociación con empresas del mismo rubro para ganar licitaciones, los indicios se encuentra en la Comisión Nacional de Competencia (Conacom). Se estableció nexos de Proseco con las empresas Tecnología Seguridad y Vigilancia SRL y Paraguay Security, firmas con grandes contratos en seguridad con el Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y Migraciones.
Sobre el manejo de esta colaboración, el Ministerio de Justicia alega la total responsabilidad al PTI mientras que este organismo refiere que no puede revelar datos por ser un proyecto que corresponde al Ministerio de Justicia. El impulso de las contrataciones vía organizaciones de la Binacional Itaipú escapan de un control transparente sobre direccionamiento, monto de inversión y responsabilidades.
