Violencia –según la Organización Mundial de la Salud– supone el uso de la fuerza física y el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, contra otra persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, trastornos sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte.
Es considerada una de las más graves enfermedades sociales y en Paraguay ya se encuentra al borde de la septicemia.
Una suerte de radiografía que apoya este diagnóstico, que podría sonar alarmista o exagerado, es el dato difundido por el Ministerio de Justicia dando a conocer las tres principales causas de encierro en nuestro país, con tres delitos que nacen de la violencia, como el robo agravado (asaltos), homicidio doloso y violencia intrafamiliar.
Este último es considerado un crimen, según el Código Penal, y afecta seriamente la salud del que llaman núcleo de la sociedad.
1.310 de las 16.193 personas privadas de libertad guardan reclusión por violencia intrafamiliar en el sistema penitenciario de nuestro país.
La situación es alarmante, y va en crecida, como el río que tiene a miles de familias anegadas y mantiene en vilo a la sociedad.
Hoy en día, muchas personas también se ven obligadas a dejar sus hogares, buscando un lugar un poco más seguro, familias que se resquebrajan por casos de violencia.
Miles de hijos que tienen a uno de sus padres presos, niños que crecen marcados por golpes físicos, sicológicos y morales.
El aumento de delitos ocurridos en los hogares fue una de las gotas que provocaron el desborde en el sistema penitenciario, obligando a las autoridades del Ministerio de Justicia a declarar la situación de emergencia.
El Ministerio de Justicia señala que alrededor de 1.500 personas ingresan por año en las cárceles del país.
En abril del año pasado, la población penitenciaria era de 14.326 personas, cifra que en el último informe dado a conocer aumentó a más de 16.000 privadas de libertad en todo el país. Y solo hay lugar para albergar a 9.511 personas.
Ante tamaña problemática, hasta el más necio puede notar que no puede reducirse en el encierro de las personas llevando la solución hacia el abuso de la prisión preventiva.
Si la violencia es una enfermedad que aqueja a la sociedad, los que manejan los hilos del Estado deberían empezar a pensar en una solución de fondo y no solamente apelar a depositar a las personas como si fueran desechos humanos.
Actualmente, se está pensando en nuevas cárceles para aumentar la cantidad de plazas, ante la crecida de la delincuencia, que son solo albergues precarios, parches que no alcanzan a cubrir toda la herida.
Es similar al asistencialismo, cuando que en tiempos de internet es difundido por cuanta red social exista.
Es necesario construir muros que estén cimentados en la prevención de la salud y la educación.
Así como estas localidades más vulnerables a los desastres de la naturaleza necesitan de un muro de contención que evite que las aguas lleguen hasta sus hogares, para esta crecida de violencia también se requiere construir un muro preventivo, que esté cimentado en la educación y la salud.
La ministra de la Mujer, Nilda Romero, que está al frente de una de las entidades donde más casos de violencia se registran, habló de la necesidad del trabajo de prevención en todo el país, sobre todo en el seno de las familias y en los centros de estudios.
Es un trabajo que llevará mucho tiempo y que a lo mejor no tendrá el mismo impacto en las cuentas oficiales de Twitter o Facebook de las autoridades, pero que cada vez es más necesario.
Es una tarea silenciosa, ladrillo a ladrillo, en las escuelas, en el seno de la familia, para generar conciencia, que es el antídoto que podría parar con el avance de esta grave epidemia social.
