La historia que conoció entonces le conmovió profundamente y pidió unirse como policía en forma permanente al equipo forense que estaba conformando el médico Rogelio Goiburú, para la recuperación de la memoria histórica. Cabrera se volvió una pieza clave en el proceso de hallazgo e identificación de las víctimas del horror. “Me cuesta aceptar que mis camaradas policías hayan sido cómplices de estos crímenes”, me dijo, durante un operativo de excavaciones en Caazapá.
El suboficial inspector Édgar Bogarín Duarte, bombero de la Policía Nacional, ingresó en la mañana del domingo 1 de agosto de 2004 al infierno en el que se había convertido el Supermercado Ycuá Bolaños, sin importarle las advertencias de que el techo podía desplomarse sobre él. Había escuchado una débil voz de niña que clamaba entre el fuego y el humo: “¡Papá... dame agua!”.
Levantó la viga que aprisionaba el cuerpito casi inerte de una niña de 7 años y que le había partido la pierna derecha. La acunó en sus brazos y buscó la salida. Tatiana Gabaglio, aquella niña rescatada de una muerte casi segura, es hoy bombera voluntaria, facilitadora judicial de la Corte Suprema de Justicia y estudia Derecho y Criminalística en Ciencias Forenses.
Son solamente dos casos de policías distintos que pude conocer de cerca. Escuché varios otros testimonios de amigos y amigas a quienes oficiales y agentes de comisarías les ayudaron a recuperar sus autos u objetos robados y nunca les pidieron coimas, ni “ayuda para el combustible”.
Como la mayoría de quienes sobrevivimos a la oscura época de la dictadura, me cuesta tener confianza en los policías, cuando se me cruzan en alguna calle. Admito que todavía tengo el miedo metido en los huesos de que en cualquier momento me hallarán culpable de algún delito que nunca sabré cuál es, o que me plantarán las pruebas para luego intentar sacarme dinero. Me gustaría pensar que simplemente es paranoia... pero a veces no.
La condena de 12 años de cárcel que en estos días recibió el policía Benito Joel Sanabria por haber disparado con una escopeta al rostro del diputado liberal Édgar Acosta, durante la represión contra las manifestaciones de protesta ciudadana del 31M, quizás sea justa, porque su actuación superó toda regla de procedimiento. Lo que no es justo es que solamente él sea condenado, cuando es evidente que allí hubo órdenes de arriba, intencionalidad política, utilización de la seguridad del Estado por la ambición de poder.
Por eso rescato ejemplos como los de Fulgencio o Édgar. Son pocos, pero son. Nos permiten tener esperanzas de que otra policía es posible.
