Mediante un mensaje enviado al Congreso el 23 de marzo, el Ejecutivo ponía a consideración de los parlamentarios el proyecto de ley de emergencia sanitaria, el cual fue sancionado y promulgado apenas tres días después, el 26 de marzo. Esta normativa contemplaba una autorización para la toma de nueva deuda por USD 1.990 millones para contar con fondos de forma rápida para enfrentar la crisis, ante la decisión de postergar el pago de impuestos y servicios, la caída natural de las recaudaciones por el cierre de las actividades y la necesidad de fortalecer el sistema de salud.
El plan de contingencia establecía varios ejes de acción: salud, protección social, asistencia a mipymes, capitalizaciones a la banca pública, funcionamiento del Estado y subsidio a servicios básicos (exoneraciones).
El Ministerio de Hacienda consiguió rápidamente USD 1.500 millones, de los cuales, USD 1.000 millones se consiguieron mediante la emisión de bonos soberanos y USD 500 millones a través de un crédito puente o adelanto del Banco Central del Paraguay (BCP). Puso así en marcha su plan de emergencia anunciando fuertes inversiones principalmente en tres pilares: el fortalecimiento del sistema sanitario; un régimen de subsidios a trabajadores informales vía Pytyvõ y a formales cesados vía IPS; y la capitalización al Fondo de Garantías del Paraguay (Fogapy) y al Fideicomiso para la concesión de préstamos a las empresas y emprendedores afectados por la cuarentena total.
Programa exitoso. El Pytyvõ fue quizá el programa de mayor éxito del Gobierno durante la crisis sanitaria.
Este régimen, que consiste en subsidios de una cuarta parte del salario mínimo, se implementó dentro de la Ley de Emergencia para los trabajadores informales, sean estos cuentapropistas o dependientes de empresas de rubros como la gastronomía, eventos, turismo y el comercio fronterizo.
En la primera etapa, los inscriptos llegaron a los 1.800.000, pero accedieron a las subvenciones solamente 1.250.000. En la segunda etapa, puesta en marcha desde agosto, los registrados subieron a los 2.295.000, aunque han recibido los G. 500.000 solo 763.000 trabajadores informales.
El Tesoro Público ha desembolsado, hasta el momento, unos USD 293 millones en este programa de subsidios. Se espera una última acreditación que debe ser anunciada por el Gobierno en los próximos días, tras la sanción y promulgación de la nueva deuda de USD 125 millones para fortalecer el sistema de protección social.
Para la viceministra de Economía y secretaria del Equipo Económico, Carmen Marín, este programa se convirtió en un respiro importante para miles de familias afectadas por el cierre de empresas. A su criterio, estos subsidios se volvieron una necesidad para sobrellevar momentos duros a nivel económico, aunque cree que no es sostenible continuar con este programa por su impacto en las finanzas públicas.
Asimismo, resaltó que la implementación de este programa permitió que miles de comercios, supermercados y despensas se vean beneficiados con la inyección de dinero.
LAS CIFRAS DE PYTYVÕ
293.000.000 de dólares es lo que ha destinado el Gobierno Nacional para este programa de asistencia a trabajadores informales.
1.250.000 personas se beneficiaron con las subvenciones en la primera etapa, mientras que
763.000 lo hicieron en la segunda.
500.000 guaraníes es el subsidio que entrega el Tesoro en esta segunda fase. Se espera el anuncio de un nuevo pago en estos días.
Plan oficial no tuvo resultados esperados y el año se acaba
El plan del Gobierno no tuvo los resultados esperados y a falta de días para el cierre del año, la Ley de Emergencia tiene una ejecución del 74%. Esto quiere decir que de un total de G. 12,9 billones disponibles, se han utilizado solo G. 9,5 billones.
De acuerdo con los datos oficiales, los ejes que más avances registran son los que tienen que ver con el mantenimiento de la burocracia pública, como el funcionamiento del Estado, el pago de salarios a funcionarios públicos y la compensación a las empresas estatales por el subsidio de los servicios básicos. Solo en sueldos del personal público se gastaron G. 1,9 billones (USD 300 millones).
El ítem de salud es el de más pobre ejecución. Con un presupuesto de G. 2,8 billones, los programas de inversión sanitaria consumieron apenas G. 619.268 millones (21%), en medio de polémicas por sobrefacturaciones en las compras, direccionamientos y varios procesos detenidos por sospechas de corrupción. Es así que, dentro de la Ley de Presupuesto Público 2021, se dispuso que el saldo remanente de esta legislación pueda ser utilizado nuevamente por el Ministerio de Salud para seguir fortaleciendo el sistema sanitario.
El desempleo fue otro de las problemáticas que el Gobierno buscó aminorar con sus medidas de contención. En ese sentido, los pilares de asistencia a mipymes y capitalizaciones registraron una ejecución del 99%; mientras que del dinero reasignado para la reactivación se ha usado el 72%.
