El año pasado se registró un total de 40 familias trabajando en las calles de la capital departamental. Luego de la intervención de la Codeni, se redujo a 10, pero con la pandemia este año subió a 35 familias. “Son chicos nuevos junto con sus familias, por decirlo de alguna manera. No son los mismos que salían anteriormente. Vienen de Presidente Franco, de Hernandarias, de Juan León Mallorquín, de Itakyry. De muchos lugares vienen. No son todos de Ciudad del Este. Vienen en bus con sus padres”, comentó Valeria Romero, titular de la Codeni de CDE.
Registros de un levantamiento de datos realizado por la Municipalidad de Ciudad del Este revela una degradación del nivel de vida de la población como consecuencia del cierre de la frontera. Unos 7.000 pequeños comercios no renovaron su patente y comunicaron el cierre. Se habla igualmente que unas 45.000 personas perdieron su empleo. La crisis no solo se limita a la capital departamental, se extiende a municipios vecinos como Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias. En otros distritos del interior, también se siente el golpe económico que está dejando esta pandemia, situación que explica el hecho de que muchas familias terminaron en los semáforos pidiendo plata para poder sobrevivir.
ADICTOS. Con relación a los niños adictos, dijo que se encuentran en otro sitio de la ciudad. En este caso, la Codeni procede a informar de la situación a otro organismo del Estado para su toma de conocimiento y adopción de medidas. “Ellos están ahora bordeando el predio de la seccional colorada número 1. Allí sí encontramos niños adictos. Ellos no se dejan abordar, no permiten que nos acerquemos, son identificados e identificados por Painac (Programa de Atención Integral a los Niños, Niñas y Adolescentes que Viven en la Calle), que es programa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, que se encarga de niños con adicción”, señala.
A partir de la intervención de la Codeni, actuó la Fiscalía con relación puntualmente a tres mujeres que utilizaban a sus hijos para recaudar dinero, mientras ellas esperaban bajo el árbol en la zona del kilómetro seis y medio de la ruta PY02. “Es un trabajo que se realiza desde hace un buen tiempo, prácticamente desde que ingresamos a la Codeni. Identificamos a los padres, hicimos un seguimiento a cada caso, se les identifica y se observa el trabajo que realizan y de esa manera hacemos un informe con todos los datos y derivamos al Ministerio Público”, relata la funcionaria.
En este caso, fue a la Fiscalía Antitrata de Personas, a cargo de Analía Rodríguez, que procedió a la imputación de las tres madres. “La Fiscalía Antitrata actúa por la cuestión de explotación laboral en sí. Porque ellos están presentes en el lugar, se sientan en un lugar a tomar tereré, mientras los niños son los que salen a caminar entre los vehículos. Eso se da porque los niños recaudan mucho más dinero que los adultos, entonces son utilizados de esta manera”, explica.
