En la calle Chaco Boreal, cerca de la esquina de Cecilio Ávila, hay un terreno que ha sido el dolor de cabeza del barrio. Una y otra vez se montan en el lugar negocios que están prohibidos y no dejan dormir al vecindario.
Una familia tuvo que mudarse, otras han tenido que aguantarse. Los lavaderos, parrilladas, etc., se han cerrado varias veces, para resurgir de sus cenizas “como el gato Félix”, para usar la expresión de un diputado. Ahora veo que se prepara otro, que quizás se cierre y quizás no, a causa de las protestas de las personas afectadas por el funcionamiento de lo que no debería funcionar allí.
Existen disposiciones municipales que no se cumplen y deberían cumplirse; existe en Chaco Boreal una tremenda congestión del tránsito que no debería agravarse; existe en el lugar gente que trabaja durante el día y tiene el derecho de descansar de noche, algo indispensable para la salud (la Constitución consagra el derecho a la salud en su artículo 68). No importa. Hasta el momento, el propietario del terreno se ha mostrado dispuesto a ganar dinero ignorando disposiciones legales de rango constitucional o municipal.
Hablo de una cuestión personal, porque he sido uno de los afectados por los desaparecidos kaurapódromos. No debería hablar de algo personal si la mía no fuera la situación de miles y miles de asuncenos afectados por una generalizada pasión de la ilegalidad. Cualquier residente de la ciudad corre el riesgo de que le pongan al lado un reservado, una industria contaminante, un vertedero, un edificio de altura que ponga en peligro su vivienda y su integridad física.
Ocurre en todos los barrios de la capital, desde Trinidad hasta Sajonia. Ocurre en todos los niveles económicos, desde el panchero que pone su carrito para, al son de una cachaca estruendosa, vender también drogas, hasta el especulador internacional, que levanta su edificio de treinta pisos donde no existe un sistema cloacal.
Son demasiados los que se sienten muy vivos haciendo lo que no deben hacer; así se funde Asunción, y con Asunción, los que vivimos en la ciudad. A la larga, todos salimos perdiendo, y esto es lo que no entienden los aprovechadores; para hacérselo entender, deben intervenir las autoridades, que no intervienen lo suficiente. El intendente Samaniego aumentó los ingresos municipales autorizando construcciones que no debió autorizar; con eso empeoró las cosas para la mayoría de los asuncenos, que se lo pagaron votando en contra.
Cambió el intendente, pero, si no cambia la intendencia, Mario Ferreiro recibirá otro voto castigo. Por su bien y el de sus conciudadanos, es deseable que él pueda desmontar el sistema vicioso empotrado en la Comuna, con la complicidad de muchos partidos y de muchos concejales que un día fueron vistos como la alternativa.