“Retornamos con la esperanza y seguridad de que se hará justicia”, dijo el canciller boliviano, David Choquehuanca, a la prensa al término de la intervención ante la corte de La Haya, cuya existencia dijo que “hay que celebrar”.
La abogada que representó a Bolivia, Monique Chemillier-Gendreau, aseguró que el país “respeta los tratados y las fronteras” y señaló que el “diferendo” planteado “es muy específico” porque “Chile ha reconocido desde la firma del tratado que el mismo dejaba una cuestión pendiente de solución”, refiriéndose al pacto de 1904 entre ambos países.
Chile ha señalado desde el inicio de esta ronda de argumentos orales que la CIJ “carece de potestad” y “no tiene competencia” para resolver el litigio.
En este sentido el abogado español Antonio Remiro Brotóns aseguró que un tratado “no es algo de carácter eterno” y que aunque su “revisión tiene mala reputación en el mundo contemporáneo... no existe un principio que la prohíba en un ambiente pacífico”.
Bolivia mantuvo el miércoles ante la corte que no quiere “soslayar” ese tratado ni revisarlo, sino “con consentimiento de Chile, negociar el acceso soberano que permitiría a Bolivia recuperar su vinculo histórico con el océano Pacífico”, según su también representante en el litigio, Eduardo Rodríguez Veltzé.
La Paz sostiene que la pérdida de su litoral fue resultado de una invasión de Chile, que declaró la guerra mucho tiempo después de haber ocupado su costa.
En esa contienda de 1879, Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros de territorio.
El tratado de 1904 fijó después de la contienda las fronteras definitivas entre ambos países.
En esta línea, Chemillier-Gendreau solicitó a la corte que se “declare competente” en este litigio y lo haga con “independencia del Tratado de 1904", al tiempo que afirmó que la petición boliviana se centra en asentar “las bases de una negociación que haga concreta su aspiración marítima”.
En respuesta a la pregunta planteada a Bolivia por el juez Christopher Greenwood sobre qué fecha considera como aquella en que se materializó el acuerdo respecto a la negociación relativa al acceso soberano, el profesor de derecho internacional Payan Akhavan respondió que ese país no quiere fijar una sola fecha, ya que “Chile prometió en diversas ocasiones” su compromiso a otorgar a La Paz un acceso soberano al mar.
El defensor boliviano señaló que “en derecho una promesa es una promesa, ya sea sola o si se repite una y otra vez”.
Otro de los abogados de La Paz, Mathias Forteau, se refirió al Pacto de Bogotá (1948) para resoluciones pacíficas de contenciosos en la región para señalar que “esta disposición establece que un litigio quedará zanjado si la corte determina que no tiene jurisdicción”.
Forteau declaró en 2007 que “en virtud del pacto de Bogotá" la corte “se declaró no competente fundándose en el artículo 6" de su reglamento porque “no subsistía diferendo entre las partes”.
Hoy consideró que “hay que situarse en la fecha en la que se presentó el fallo en la corte, es decir 2013", y que “como en 2014 no estaban solucionados los diferendos entre ambos países”, el tribunal internacional debe declararse competente.
Al término de esos alegatos, el juez japonés Hisashi Owada solicitó a Bolivia y Chile que antes de las 11.00 GMT del 13 de mayo presenten por escrito su criterio sobre qué “significa acceso soberano al mar”, ya que se trata de un concepto que no se contempla en el derecho internacional.
La CIJ cerró así una ronda de alegatos orales sobre el litigio entre ambos países, que se sigue en el alto tribunal desde abril de 2013 y en el que La Paz le pidió que declarase que Santiago tiene “la obligación de negociar” un acceso soberano completo al océano Pacífico para Bolivia.
En julio de 2014, Chile presentó una objeción preliminar sobre la jurisdicción de la CIJ, es decir, una invitación a que este tribunal se declare incompetente para pronunciarse sobre el asunto.
A partir de ahora empieza el proceso de deliberación de la corte que puede durar entre 4 y 6 meses, según las fuentes consultadas.
