Entre las múltiples opiniones que se deslizan a raíz de la discusión del presupuesto anual de la Itaipú Binacional (donde la tarifa es un componente fundamental) y la revisión del Anexo C, me propongo hacer un resumen y tratar de comprender la propuesta del Gobierno paraguayo.
El presidente de la República, Santiago Peña, afirmó que nunca un mandatario paraguayo estuvo tan comprometido con la entidad, por lo que pudo debatir con los técnicos brasileños en la pasada reunión de la que también participó Luiz Inácio Lula da Silva. En más de una ocasión, el jefe de Estado subrayó ese “compromiso”, ya desde el momento en que nombró a los consejeros nacionales de la binacional (discusión aparte es la inconstitucionalidad de la medida) y ahora uno de ellos salió a brindar detalles de la postura de nuestro país, una tarifa mayor, de USD 22,23 kW/mes, mientras que Brasil sigue llevando el 80% de la producción. La intención es generar recursos adicionales que lleguen a los USD 1.000 millones solamente para Paraguay. Hasta ahí, todo bien.
Sin embargo, el Gobierno nada dijo de incorporar esos recursos al Presupuesto General de la Nación (PGN), donde podrán ser revisados por la Contraloría General de la República (CGR) y hasta por cualquier ciudadano curioso y responsable que pretenda saber qué se está haciendo con la plata de la Itaipú.
Además, la tarifa propuesta por Paraguay atenta contra el todavía vigente Anexo C, por lo cual para Brasil no sería nada difícil no aceptarla: hay un documento binacional que no lo permite. No obstante, en años anteriores ya se aprobaron tarifas que tampoco se ajustan al costo, con renta hacia los famosos gastos socioambientales. Esos recursos fueron cuestionados desde su creación, y existen opiniones que señalan que incluso no deberían haber existido nunca, pero es plata dulce para los administradores de la Itaipú, como bien lo señala el ingeniero Ricardo Canese, los fondos discrecionales que cualquier “político” busca para tratar de saciar algo de la voracidad de sus adeptos.
La semana pasada hubo también publicaciones que rayaron lo ridículo en relación con la entidad, especialmente de un medio paulista. Por ejemplo, las noticias afirmaban que Brasil hasta pensaba romper un acuerdo que rige hace 50 años, verdaderamente me pareció un exabrupto —sí, los hay— periodístico, sin fuente además. No podía entender cómo un país con dilatada tradición diplomática, imperialista, que pretende ser uno de los cinco más poderosos del mundo, aplastaría acuerdos firmados y respetados desde hace cincuenta años. Era una barbaridad.
Hasta ahora tampoco comprendo cómo, supuestamente, los brasileños pudieron no haber estado preparados para una reunión sobre Itaipú con Paraguay, al punto que ministros fueron reprendidos por Lula. Me parece todo un cuento, o acaso es una estrategia, una táctica.
Otra alternativa que proponen los expertos que opinan sobre el asunto es la reducción de la tarifa a sus valores mínimos, según el Anexo C, es decir, en torno a los USD 8 kW/mes. Aquí señalan que Paraguay puede comprar todo su 50% y colocarlo en el mercado, pero no comprendo muy bien cómo lo hará, considerando que la energía se utiliza en media y baja tensión, y Paraguay todavía no tiene la suficiente infraestructura para ello, sino más bien la distribución en alta tensión.
Es cierto, está la declaración conjunta Lugo-Lula, que permite a Paraguay ingresar al mercado brasileño con esa energía, pero ¿estará dispuesto Lula a finalmente cumplir su palabra? Hubo compromisos asumidos en ese documento que sí se hicieron realidad, ¿por qué no la venta de energía a precio de mercado? Incluso se lee la posibilidad de la exportación a terceros países. Esa es la mejor oportunidad, pero veremos si prefieren una tarifa alta, con plata dulce, o al PGN, o la necesaria soberanía hidroeléctrica del país para reivindicar el precio justo por la energía paraguaya.
