Son en total 62 cámaras, que fueron adquiridas por la Administración municipal. Según se informó desde la institución, las piezas cuentan con tecnología de última generación.
Cada dispositivo graba en resolución Full HD, garantizando una calidad de imagen clara y nítida. Además, su batería de 5800 mAh permite hasta 11 horas de grabación continua, asegurando cobertura durante toda la jornada laboral de los agentes.
Una de las características más destacadas es su visión nocturna por infrarrojos, lo que posibilita el registro de incidentes en condiciones de baja luminosidad. Esto es especialmente útil para operativos nocturnos, asegurando que todas las intervenciones sean documentadas sin importar la hora del día.
La Adquisición de estas cámaras requirió una inversión total de G. 116.870.000, con cada unidad valorada en G. 1.885.000. Se trata de un proyecto de modernización de la PMT, en busca de la mejora continua de sus operaciones.
La principal meta de esta iniciativa es fortalecer la transparencia y prevenir posibles conflictos entre agentes y ciudadanos. Cada acción realizada por los agentes de tránsito quedará registrada, proporcionando evidencia objetiva en caso de disputas. Esto no solo protege a los ciudadanos, sino también a los propios agentes, quienes podrán demostrar la legitimidad de sus actuaciones.
PROTOCOLO. Las grabaciones también servirán como material de revisión y capacitación, permitiendo analizar intervenciones y mejorar los protocolos de actuación. La utilización de material audiovisual real en la formación de los agentes contribuirá a la reducción de errores humanos y a la profesionalización del cuerpo policial.
Miguel Prieto, intendente municipal, aseguró que desde la desmantelación de la antigua Dirección de Tránsito y la creación de la nueva Policía Municipal de Tránsito no ha recibido denuncias por corrupción ni extorsión, un logro, según asegura, que se ve reforzado con la implementación de estas cámaras corporales.
La posibilidad de acceder a las grabaciones en cualquier momento permite a la ciudadanía verificar la legalidad de cada intervención y promueve una relación de confianza con las autoridades.
