La imputación del gobernador de Central posiblemente no se hubiera dado sin la persistencia de una parte de los medios de comunicación que se mantiene fiel a una de las tantas tareas que le confía la sociedad, como es la de vigilar al poder y, en este afán, escrutar de qué manera se administran los bienes del Estado desde el poder.
Durante meses, colegas de distintos medios se ocuparon de investigar y demostrar con pruebas de qué manera desde la gestión de Hugo Javier, el Nº 2, se apropiaron de fondos destinados a la reactivación económica en pandemia dentro de la Gobernación de Central, a través de todo tipo de prácticas torcidas que se convirtieron en un festival de corrupción en el que estuvieron involucrados el gobernador, sus colaboradores, una fundación creada ah hoc, contratistas inescrupulosos y una larga lista de deshonestos.
Sobrefacturaciones, obras fantasmas, contrataciones de dudosa legitimidad, proveedores de fachada, timadores de todo pelaje armaron un entramado en el que lo último en relevancia ha sido el ciudadano que desarrolla su actividad o reside en algunos de los 19 municipios del Departamento Central. A estos, en realidad, le han robado con total desparpajo, sin sentirse obligados a rendir cuenta y seguros de que no irían por ellos. Se sentían respaldados por el poder político.
La fuerza de las evidencias, aportadas en su mayor parte por el periodismo de investigación, hizo que fuera insostenible para la Fiscalía mantenerse indiferente, no avanzar en la investigación, proteger y sostener impune al funcionario que traicionó con su actuación la confianza ciudadana. El gobernador que llegó al cargo de manos de Honor Colorado, facción del Partido oficialista, que con gente como Hugo Javier ha demostrado que no tiene entre sus prioridades cambiar algo en la Administración Pública.
Lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos son los hechos punibles que hasta ahora halla la Fiscalía en contra de Hugo Javier y otras 14 personas. Todos intentarán demostrar que no robaron, no desviaron fondos, no falsificaron documentos y no perjudicaron a los más de dos millones habitantes de Central.
Los niveles de corrupción, avalados por buena parte de la dirigencia política, son cada vez más groseros. Como este caso del gobernador que hubiera quedado en la nada si no fuera por la constancia de algunos medios de comunicación y ciertos periodistas que dedicaron tiempo para demostrar que este funcionario jugó sucio, muy sucio a la población. Y, para colmo, lo hizo desviando fondos en un momento demasiado difícil y duro para millares de familias golpeadas por la pandemia.
Esa prensa que hurga en los recovecos del poder. Que mira la trastienda y está atenta a cada jugada de quienes toman decisiones en representación de los ciudadanos, y manejan los recursos públicos, es la que necesita fortalecer un país como el Paraguay, donde apenas al escarbar saltan irregularidades, negociados y las múltiples modalidades para eludir las leyes y apoderarse de los recursos del Estado.
Es ese periodismo incisivo, que inquiere, que desconfía y que no queda satisfecho hasta descubrir lo que hay detrás de los hechos, de cada decisión que se toma y de las medidas adoptadas o de las omisiones en que caen quienes están al frente de las instituciones.
La prensa que denuncia, que explica, que ayuda a comprender la complejidad de los hechos, que esclarece y que desenmascara las verdaderas intenciones que motivan a quienes hablan en nombre del pueblo, pero obran en perjuicio de este.
Ese periodismo que llama a las cosas por su nombre. Que rehúye de los lugares comunes, y que tiene claramente asumido que a quien se debe es a los ciudadanos. Este periodismo es el que necesita potenciarse en el Paraguay de la corrupción enraizada y de las autoridades como Hugo Javier.
