El Gobierno celebró la reducción de la delincuencia en un 75%, sin compartir la metodología científica utilizada para llegar a estos resultados estadísticos. El presidente Santiago Peña atribuyó este “logro” principalmente a una mayor dotación de agentes Lince, grupo que se había debilitado por el rechazo ciudadano por el miedo que infundía a la población que debía proteger.
Toda esta propaganda coincide con el informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, que coloca a Paraguay en el tercer puesto de actores criminales, con una gran incidencia en el Estado.
Mientras se descuidan los cambios estructurales para reducir la criminalidad, ¿qué pasa en las calles?
En las calles la Policía anda de cacería. No portar la cédula de identidad es una justificación válida para ser trasladado en patrullera a alguna comisaría como un delincuente. Le llaman “control preventivo”, aunque más tarde se descarte toda culpa, ya se violó la presunción de inocencia y se reforzó la estigmatización que ya pesaba sobre la persona.
Sobre todo generó indignación la publicación de la Policía Nacional sobre la “verificación” de trabajadores informales, notándose a simple vista la humillación a la que fueron sometidos, siendo además una violación de derechos humanos, según advierten los abogados del área.
Pero esta “verificación” se da en poblaciones específicas. El criminólogo y ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, explica en su libro La cuestión criminal que efectivamente la policía selecciona a los “delincuentes” por estereotipos basados en prejuicios estéticos, siguiendo la regla de asociar lo feo a lo malo, con valores que responden a una mirada colonizadora. Se podría especular así, la facilidad con que evaden a la justicia quienes tienen aspecto de colonizadores.
Para Zaffaroni, el verdadero objetivo del poder punitivo descansa en la idea de infundir miedo para que como ciudadanos y ciudadanas aceptemos cualquier condición con miras a mejorar nuestra percepción de inseguridad, de paso cediendo a derechos como la libertad y dando lugar a un mayor control sobre nosotros, poniendo incluso en riesgo la democracia participativa.
Es así que el pánico moral, que se manifiesta mediante el miedo al delito, oculta otros peligros más graves y en curso. Aunque no se puede negar la existencia de asaltos violentos, la publicidad de los policías que actúan para “protegernos”, intenta opacar la impunidad con la que se mueven estructuras criminales con total apoyo y participación estatal.
El lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico tienen efectos muy profundos y de larga duración en todo el país.
Sin embargo, las autoridades paraguayas insisten en una prisionización reproductora, donde las cárceles funcionan como fábrica de delincuentes, yendo en contra de su misión de reinsertar en la sociedad a las personas privadas de libertad.
Esta misma discusión se da en Argentina, donde el Gobierno de Javier Milei, se pronunció en contra del “zaffaronismo”, porque considera que trata a los victimarios como víctimas, pero en realidad propone medidas estructurales, que por añadidura significa menos delincuencia y más seguridad para toda la población.
En el contexto paraguayo, más del 60% de las personas privadas de libertad no tienen condena. El que pisa la cárcel es el pobre y carente de poder o quizás una persona adicta en un país que no tiene políticas reales de rehabilitación.
Lejos de generar verdaderos cambios, el Gobierno habla de aumentar la capacidad de las cárceles, lo que demuestra que no tiene voluntad de reducir los hechos punibles.
