Si procesan al senador Adolfo Ferreiro por tráfico de influencia, puedo temer que también me procesen a mí por algo parecido.
Ocurre que, cuando él estaba en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, yo le pedí que interviniera a favor de un amigo, un médico neurólogo muy conocido, que estaba procesado por la aún más conocida atorrantería tribunalicia.
¿Por qué lo procesaban? Supuestamente, por dar un certificado falso. ¿Qué decía el certificado? Que no podía ir a declarar una señora a quien citaron para declarar en un juicio. ¿Era falso el certificado? No.
La pobre mujer de 73 años, que había sobrevivido apenas a la radioterapia y quimioterapia por un gravísimo cáncer, tenía una taquicardia paroxística, un trastorno bipolar grave y para colmo el alzhéimer que le hacía pasearse por su casa con un revólver cargado. El deterioro de su cerebro se veía en una imagen (creo que una tomografía), en la que aparecían las manchas negras o lagunas propias del deterioro. Tanto el siquiatra como el clínico que atendían a la señora coincidían en sus informes en que su estado era muy grave (también leí esos informes).
Mi amigo el neurólogo certificó que la señora no podía ir al tribunal en aquel momento. Hizo lo que debía hacer y molestó al individuo que pidió la declaración para hacerle decir a la señora lo que le convenía a él. Como estamos en el Paraguay, el procesado fue el neurólogo.
La ventaja de estar en el Paraguay es que yo pude hablar con mi amigo el senador para decirle: Che, Adolfo, decile pues a la jueza que se deje de joder. Poco después, la jueza recibió la advertencia del Jurado de Enjuiciamiento: usted está violando la ley y nosotros sabemos. Así como había comenzado, terminó el ridículo proceso contra el profesional de la salud.
Si estuviéramos en Inglaterra, lo que hice, lo que hizo Ferreiro, sería una falta muy grave: allá no se puede hablar con el juez de la causa, ni siquiera se le puede mirar fuerte. Aquí no se puede esperar que un magistrado cumpla con su deber por propia iniciativa: es necesario hablarle e incluso presionarle, ¿qué tiene de malo cuando se le pide que aplique la ley? Eso no es tráfico de influencia, que es manejarse con dinero y para obtener un beneficio indebido.
Por eso me parece absurdo que ahora pretendan quitarle la investidura al senador Ferreiro porque pidió información sobre la conducta de un juez. A él le habían dicho que ese juez se portaba mal, pero constató que no era cierto y el asunto terminó allí: él ni siquiera habló con el juez. ¿Dónde está el delito?
En cierto sentido, la acusación da risa, porque confunde radio so’o con delito. Por otra parte, sería muy grave quitarle la investidura a un senador y después procesarlo sin fundamento, habiendo delincuentes comprobados que nadie se molesta en procesar y siguen ocupando cargos bien pagados y mejor coimeados.
