El libro Los partidos políticos, de Maurice Duverger, es un material de lectura clásico para la formación de estudiantes en ciencias sociales. De dicho libro extraje lo siguiente: “Pondrá usted: salido del pueblo”, hace decir Robert de Flers al personaje de una de sus comedias, parlamentario socialista, que dicta a su secretario notas biográficas para el Petit Larousse: “Y decidido a no volver jamás a él…” añade el secretario, aparte. Esta ficción, graciosa, permite; sin embargo, pensar en la representación política y lo que ha sido una constante, penosamente, en estas tres décadas y media de frágil democracia, el divorcio total entre los electos y sus bases electorales. Esta distancia y falta de identificación del electorado con quienes son electos, impacta la representación política, afecta la imagen de los partidos políticos y, en última instancia, debilita la democracia.
La reciente expulsión del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), de cuatro senadores, sobre quienes pesa la sospecha, fundada, de ser funcionales a otro partido, a otro liderazgo y, por sobre todo, a otros intereses, ajenos a los del PLRA generó todo tipo de comentarios y motivó el debate sobre los partidos, sus facultades de organización y dirección, la representación, y hasta el mandato imperativo.
Los partidos políticos son pilares fundamentales en cualquier sistema democrático, sirviendo como vehículos para la expresión de la voluntad popular y la articulación de intereses políticos. Los constituyentes en 1992 lo entendieron así, por eso, le otorgaron rango constitucional a su existencia y funcionamiento. (Art. 124 CN)
Su función principal radica en representar a la sociedad civil, ofrecer opciones políticas plurales. Entre otras funciones, los partidos actúan como intermediarios entre los ciudadanos y el gobierno, canalizando las demandas y preocupaciones de la sociedad hacia el ámbito político. Además, proporcionan un marco institucional para la competencia política y la formación de mayorías parlamentarias.
Para cumplir eficazmente con su función representativa, los partidos políticos requieren una estructura interna robusta y transparente. Esto implica la elaboración de estatutos y reglamentos claros que regulen su funcionamiento interno, así como mecanismos de participación y toma de decisiones democráticas.
A decir de Jorge Seall Sasiain “es impensable el funcionamiento de un partido si no se rige por estatutos o pautas de conducta” Quienes formen parte, de manera voluntaria, de un partido, están obligados a seguir sus principios y líneas directrices, si no, son libres de afiliarse a la agrupación política de su preferencia. Esto aplica tanto para los afiliados y, con mucha más razón, para quienes ejercen cargos de representación en nombre del partido.
Aquí es donde se encuentran, la disciplina partidaria con el mandato imperativo. Según reza el Art. 201 de la Constitución, “los senadores y diputados no estarán sujetos al mandato imperativo” lo cual indica que los parlamentarios, por supuesto, son libres de actuar, dentro de un marco orientador de principios y líneas directrices del partido al que representan. La banca es del legislador, pero su pertenencia al partido, al cual representan, puede perderse por actos que sean contrarios a las directrices partidarias, no pierde la banca, pierde la representación partidaria. Cito nuevamente al querido Profesor Seall “el partido político no puede remover al parlamentario para reemplazarlo por otro, en razón de no haber votado según directrices del partido. La banca es siempre del representante; no del partido que lo postuló.” Pero el parlamentario está ejerciendo una representación político-institucional, por lo tanto, dicha representación puede perderla en tanto y en cuanto no se ajuste a las directrices partidarias.
Los 4 senadores expulsados por la Convención liberal, máximo órgano partidario, han tenido una conducta lesiva a la imagen, línea política e intereses partidarios y dicha conducta es notoria y públicamente conocida, no es producto de un hecho aislado, sino el resultado de una actitud desleal, permanente y continua, hacia los intereses partidarios y del electorado liberal.
La sanción es política, pero también, la señal clara de un partido que necesita recuperar su identidad, sus valores y principios y honrar su rica historia.
