Se empiezan a escuchar voces de preocupación por las implicancias y alcances del artículo 33 del borrador del proyecto de ley de reforma tributaria, que puedan darse en sectores de trabajadores con bajos ingresos, en el sentido de verse afectados por la retención a sus ingresos.
El artículo en cuestión indica que el contribuyente del impuesto a la renta empresarial (IRE) deberá practicar la retención del impuesto a las personas no organizadas empresarialmente, cuando aquél adquiera bienes de pequeños acopiadores, productores rurales, recicladores; o cuando contrate los servicios en el rubro de la construcción (albañiles, electricistas) y labores de campo en establecimientos agropecuarios (obrajeros, capataces). Es decir, se pretende retener parte de sus ingresos a trabajadores que menos dinero ganan.
La base de la retención será el 30% del monto pagado, monto sobre el cual se aplicará la tasa del 10% y constituirá pago único y definitivo. Esto quiere decir que de aprobarse la Ley, la retención será de un nivel del 3% de los ingresos de los sectores mencionados.
Consultado al respecto, Juan Ramón Mendoza, líder de los gancheros del bañado Tacumbú, indicó que una retención a sus mínimos ingresos les perjudicará mucho, porque sólo en Cateura los gancheros son 600, pero que todos se consideran recicladores. “Lamentablemente las autoridades no brindan las opciones necesarias en asistencia en salud, educación y otros servicios; no dan alternativas de otros trabajos y no invierten en mejoramiento de calles; sería injusto pagar algo por lo que no se ve una retribución del Estado”, justificó.
Pedidos de los empresarios
A nivel del empresariado, el principal punto solicitado a Hacienda en torno a la reforma tributaria es que se elimine el alcance del impuesto selectivo al consumo (ISC) a nuevos productos, como autos usados, motos, embarcaciones, aeronaves y automóviles, etc.
También quieren que se reduzcan las tasas máximas por el Gobierno a bebidas azucaradas, alcohólicas y cigarrillos, ya que esto puede agravar la caída del consumo local y afectar puestos de trabajo, según argumentan los empresarios.