En poco tiempo, los frasquitos estaban expuestos en más de 200 puntos de venta de cadenas de supermercado y se los veía en las mesas de muchos bares y restaurantes. La producción superó unas 16.000 unidades por mes, una demanda que requería considerable mano de obra. Una veintena de reclusos trabajaban unas ocho horas por día recibiendo la materia prima tres días a la semana, procesándola, controlando la fermentación y terminando con el proceso de carga y etiquetado de los envases.
La iniciativa también benefició a la comunidad de Emboscada, donde agricultores de la zona, se dedicaron a cultivar ají con semillas de alta calidad proveídas por Marcelo Lee. Los picantes generaban cinco millones de guaraníes por día y motivaron comentarios incluso en medios extranjeros. La popularidad del condimento provenía del legítimo apoyo del público a lo que parecía ser un programa de rehabilitación como un camino para la reivindicación social y la reinserción laboral.
Pero, estamos en el Paraguay, donde casi siempre las cosas no son lo que parecen. Nos enteramos ahora que el viceministro de Justicia, Víctor Benítez, ya en septiembre del 2023 había denunciado penalmente al Ministerio Público al proyecto “Prisioneros del sabor” por ser un posible caso de lavado de activos.
¿Qué había pasado? Lo primero que llamaba la atención es que nadie se había preguntado sobre el origen del capital invertido para montar los modernos y costosos equipos de la planta procesadora. No hay facturas ni nombres de quienes invirtieron en la compra de las maquinarias. La fábrica, instalada dentro de la penitenciaría de Emboscada, en un espacio que antes era utilizado para la carpintería, empezó a ser construida en marzo de 2023 y estuvo operativa en agosto.
Lo notable es que el entonces ministro de Justicia, Daniel Benítez, afirma hoy que no sabe cuándo se construyó la fábrica y que él no autorizó nada. Es decir, en este país bendito es posible instalar una fábrica de picantes dentro de una cárcel y convertirla en un negocio floreciente sin que las autoridades del rubro se den por enteradas. Pero ahora viene lo más sorprendente. Las investigaciones señalan que los supuestos financistas son personas investigadas en el marco del operativo A Ultranza, algunas de las cuales comparten reclusión en Emboscada.
Ya que estaban juntos y tenían expertise en el tráfico de drogas, vieron en la salsa de Marcelo Lee un nicho de negocios. Solo que, como suele suceder, la ganancia no estaba en la venta de los frasquitos, sino en el lavado de dinero que podían hacer tras las rejas. Hay mucho por investigar aquí. Mientras en el Ministerio de Justicia se fingía demencia, la fábrica tenía autorización municipal y del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y una difusión empresarial espectacular.
El relato está perforado por contradicciones. ¿Quién compró las maquinarias? ¿Quién realizó las diligencias para obtener los permisos burocráticos? ¿Por qué la Fiscalía, tras nueve meses de la denuncia presentada por las autoridades del nuevo Gobierno, ha avanzado tan poco? ¿Cómo se explica que una publicación oficial de marzo de este año de dicho Ministerio alabe la iniciativa de la salsa penitenciaría que antes había denunciado? Cuáles son los datos que, según la Fiscalía, todavía no se pueden contar?
Ya lo ve, una historia que comenzó repleta de aparentes buenas intenciones termina mostrando la falta de límites claros entre el crimen organizado y las autoridades oficiales. Una mezcla tóxica. Esta salsa nos demuestra el sabor de vivir en un narcoestado.
