Escribo estas líneas a pocas semanas que la Cámara de Diputados trate el proyecto de Ley “Que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” aprobado en la Cámara de Senadores recientemente. La promulgación de esta ley va a significar un severo retroceso para la, de por sí, endeble democracia paraguaya, ya que, como se ha denunciado suficientemente, esconde el propósito real de desalentar la participación ciudadana duplicando controles ya existentes, introduciendo castigos desmedidos y subordinando, todavía más, la esfera privada a lo estatal.
La sociedad civil es un componente esencial para el funcionamiento de las democracias contemporáneas. Su importancia radica en su capacidad para promover la participación ciudadana, supervisar al poder y defender derechos y libertades fundamentales. Robert Putnam, en su obra “Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community” (2000), analiza cómo la disminución de la participación en organizaciones cívicas y comunitarias impacta negativamente en la democracia y el capital social. Putnam argumenta que una sociedad civil activa y comprometida fortalece las redes de confianza y cooperación entre los ciudadanos, elementos esenciales para una democracia vibrante y funcional.
Alexis de Tocqueville, en su clásico “Democracy in America” (1835), subraya la importancia de las asociaciones voluntarias y la participación cívica como pilares fundamentales de la democracia estadounidense. Tocqueville observó que estas asociaciones no solo permiten a los ciudadanos organizarse para alcanzar objetivos comunes, sino que también actúan como escuelas de democracia, donde los individuos aprenden las virtudes cívicas y la importancia del compromiso público.
Jürgen Habermas, a través de su teoría de la acción comunicativa y obras como “Between Facts and Norms” (1996), destaca la relevancia del espacio público y la deliberación en la formación de una democracia sólida. Para Habermas, la sociedad civil juega un rol central en la creación de un ámbito donde los ciudadanos pueden debatir y deliberar sobre asuntos de interés común, contribuyendo así a la legitimidad democrática y a la formación de una voluntad política colectiva.
Michael Edwards, en “Civil Society” (2004), ofrece una visión integral sobre la definición y el rol de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia. Edwards enfatiza que la sociedad civil es fundamental para la generación de cambios sociales y políticos, actuando como un contrapeso frente al poder estatal y promoviendo la justicia social y la equidad.
Larry Diamond, en “Developing Democracy: Toward Consolidation” (1999), argumenta que una sociedad civil robusta es esencial para la consolidación de las democracias. Diamond señala que la sociedad civil facilita la rendición de cuentas y la participación ciudadana, elementos clave para evitar el autoritarismo y asegurar la sostenibilidad democrática.
El politólogo argentino Guillermo O’Donnell afirmaba que “para que una democracia sea realmente sólida y no solo formal, es crucial que exista una sociedad civil vigorosa que pueda actuar como contrapeso al poder del Estado y al liderazgo excesivo. Esta sociedad civil debe ser capaz de movilizarse, expresar demandas, y participar activamente en el proceso político. La capacidad de la sociedad civil para organizarse y hacer sentir su voz es fundamental para la rendición de cuentas y la transparencia, elementos esenciales para una democracia funcional y legítima”.
Asimismo, O’Donnell destacaba la importancia de las redes de organizaciones no gubernamentales (ONG), movimientos sociales y otros grupos de la sociedad civil en la creación de un entorno en el que los derechos ciudadanos sean respetados y promovidos. Estas entidades juegan un papel crucial en la defensa de los derechos humanos y en la promoción de una cultura democrática.
En conjunto, estas perspectivas ilustran cómo la sociedad civil contribuye de manera decisiva al fortalecimiento de las democracias. La participación activa de los ciudadanos en organizaciones y movimientos cívicos no solo enriquece la vida democrática, sino que también actúa como un mecanismo de vigilancia y control del poder. Además, fomenta un sentido de comunidad y solidaridad, cruciales para el bienestar social y político de cualquier nación. Así, una sociedad civil vibrante y participativa es un indicador de la salud democrática y un motor indispensable para su desarrollo y consolidación.
El proyecto de ley en estudio va a contramano con estos supuestos. Desalienta la libre asociación y la participación ciudadana al imponer ritos burocráticos que amplían la esfera estatal por sobre la sociedad civil y es una amenaza al pensamiento crítico y la protesta al establecer castigos desmedidos contra personas y organizaciones. El proyecto ha logrado concitar el rechazo manifiesto de sectores sociales, especialistas, grupos empresariales y hasta la propia Iglesia. Redes internacionales como Amnistía Internacional o la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLAD) también se han manifestado preocupados por la iniciativa. Sin embargo, cegados por su visión particular de la realidad política y social, temo que la avanzada cartista sobre la sociedad civil seguirá campante hasta lograr la promulgación final.
