El cartismo en su renovada imagen proyectada por Santiago Peña continúa su agenda de sometimiento institucional, arranques de autoritarismo y copamiento de los negocios del Estado en confabulación con el sector privado. Nada diferente a lo que sucede hace 70 años, aunque hoy se le pretende dar cierto aire de sofisticación de un “gobierno tecnócrata”, aunque algunas hilachas del viejo estilo se mantienen, como se vio con los pupitres de oro de Itaipú.
El presidente de la República, quien en 2017 aseguraba que su patrimonio se reducía a dos autos, y que vivía en la casa de su hermano porque no tenía vivienda propia, hoy está en medio de un escándalo mayúsculo que levanta sospechas sobre el crecimiento de su patrimonio. Publicaciones periodísticas revelaron en enero que posee una mansión en San Bernardino.
Días pasados se vio obligado a vender sus acciones de un grupo empresarial mimado por su Gobierno, un holding que fue creciendo en función de la captación de bonos del IPS y otros beneficios, bordeando y cruzando a veces la peligrosa línea del manejo de la información privilegiada, debido a los nexos con el poder. Puerta giratoria se llama.
Al desprenderse de sus acciones, Peña confirmó que había conflicto de interés (en virtud a su investidura). En los dos casos, mansión veraniega y acciones, reaccionó con virulencia apelando al ataque a la prensa en vez de dar las explicaciones, como corresponde a un jefe de Estado. La transparencia es la base para lograr la confianza ciudadana.
Este escándalo se dio en medio de otro.
La semana se inició con la impactante noticia desde Brasil reconoció que su Agencia de Inteligencia (ABIN) espió a las autoridades paraguayas en el marco de las negociaciones por las tarifas de Itaipú. Sin embargo, el presidente Lula, aclaró, comunicado mediante, que fue durante la presidencia de Jair Bolsonaro, y que detuvo la operación en marzo del 2023, meses después de su toma de posesión. En el primer tiempo, cuando la información se limitaba a la prensa, Paraguay reaccionó con extrema prudencia, casi desacreditando la noticia. El canciller Ramírez Lezcano aseguró a que no tenían “ninguna evidencia” de un presunto ataque informático. Al día siguiente, el tono cambió y el caso derivó en una crisis diplomática. El Gobierno convocó a consultas a los embajadores y suspendió la negociación del Anexo C, una decisión que dejó muchas dudas en cuanto a los intereses nacionales. Algunos expertos sostienen que no fue la mejor decisión. El campo internacional no está en su mejor momento. Después del fiasco de la OEA, ahora existe un impasse con el Brasil, que requerirá inteligencia y capacidad política para resolver teniendo en cuenta la importancia del país vecino en la economía nacional, que va mucho más allá de Itaipú. Peña pondrá a prueba su vínculo con Lula, con quien ha construido “una relación personal muy buena, una relación bilateral de país a país muy buena”, según dijo más de una vez.
Memoria que incordia.
Esta semana se dio un episodio que confirma una vez más el sesgo autoritario del cartismo en un tema que será su eterno estigma político: el crimen de Rodrigo Quintana durante el gobierno de Horacio Cartes. La policía reprimió una minúscula manifestación que intentaba rendir un homenaje al joven liberal asesinado por el Estado en 2017. No solo evitaron el homenaje. En una actitud que raya el ridículo, un comisario denunció a siete manifestantes por “ocasionar lesiones” y “daños a uniformes”. No es una broma, la Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación por “supuestos hechos punibles de perturbación de paz pública”. Habría que buscar el tipo penal de zurcidos y remiendos para sostener semejante caso. Parece una comedia, pero no lo es. Sería la segunda parte de aquella delirante investigación fiscal sobre “intento de magnicidio” con emojis. Casualmente, son casi los mismos protagonistas.
Pero no hay que perder de vista el mensaje: Toda expresión política que cuestione al poder sufrirá la cachiporra de la Policía (dirigida por un ministro del Interior que luchó contra la dictadura). Para cerrar el círculo de opresión, toda libertad está en riesgo por la capitulación humillante de la Fiscalía y la Justicia que solo están para obedecer guiones políticos.
En el Congreso las leyes se encuadran también en este inquietante marco de opresión y ahogamiento de la oposición.
Ahora se aprestan a aprobar una ley que prohibirá el uso del padrón nacional a las concertaciones electorales. Ya lograron amputar la participación ciudadana con la derogación de la inscripción automática.
En otro giro de tuerca del ala más conservadora de la ANR, se planteó el proyecto para crear el Ministerio de la Familia fusionando tres ministerios (Mujer, Niñez y Juventud). El trasfondo no es la eficacia ni la racionalización de gastos (una contradicción insalvable en la ANR cuyo cimiento es el clientelismo), sino invisibilizar y anular derechos sociales, especialmente de las mujeres, foco de ataques permanentes de este sector, apoyados por las iglesias.
La agenda continuará. No hay contrapesos institucionales para frenar la corrupción escandalosa, ni el enriquecimiento sofisticado, ni el retroceso de los derechos. La oposición está desarticulada, sin liderazgo claro. La sociedad está anestesiada y los sectores empresariales afectados directamente tampoco se animan a levantar la voz con mayor fuerza más allá de tibios comunicados.
Se entiende entonces que el Presidente Peña y el cartismo centralicen sus ataques a la prensa independiente que denuncia con valentía la corrupción primitiva y sofisticada que conviven y se retroalimentan para seguir protegiendo a los mismos mercaderes de siempre.
