El cartismo se apoderó del Gobierno y del Partido Colorado arrasando a su paso todos los derechos conquistados. Como esperanza queda la sociedad civil, con una pesada carga de responsabilidad para reaccionar ante un sistema regresivo.
Como la clase política es consciente del poder de la acción cívica, observa como una amenaza cualquier articulación posible y utiliza las instituciones para poner palo a la rueda. Bachi Núñez, el principal instigador para ejecutar ideas regresivas en materia de derechos, planteó esta vez una excesiva burocracia, control y sanción sobre las organizaciones no gubernamentales con la excusa de una mayor transparencia en el uso de los fondos.
Es difícil dar crédito a las “buenas intenciones” de los proyectistas, que casualmente son colorados, con el agravante de ser cartistas. Es más bien una forma de amedrentar a las oenegés y frenar cualquier iniciativa que intente contrarrestar el avance del autoritarismo, la impunidad y las políticas antiderechos.
Algunos puntos no son una novedad. Sin embargo, se amplía el control sobre el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, pero también sobre las empresas que reciben fondos destinados actividades que generalmente son competencia del Estado. Por ejemplo, hay gremios empresariales, aliados al Gobierno de turno que reciben cooperación internacional (de la UE) para desarrollar proyectos, especialmente agropecuarios y pequeños emprendimientos. (Mmm... Se avizoran modificaciones)
¿Quiénes están detrás? Entre los proyectistas se encuentra Bachi Núñez, con una senda de denuncias de corrupción y cuyo hermano, Ñoño Núñez, fue condenado a 11 años de prisión por desvío de recursos de la Gobernación de Presidente Hayes. El senador además ya propuso dejar sin presupuesto al Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura solo porque pronunció su válida preocupación por el fallecimiento de 11 internos de Tacumbú en un procedimiento policial y bajo custodia estatal.
Otro propulsor de la ley es Erico Galeano, quien ni más ni menos es investigado por su vínculo al tráfico internacional de drogas. Esta semana fue beneficiado con la libertad ambulatoria luego de estar varios meses bajo arresto domiciliario. Quien también debe su alma al cartismo es Hernán Rivas. Apoya la “transparencia” de las oenegés, pero no el esclarecimiento de su situación académica con un dudoso título de abogado. Por algo renunció a la Presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no obstante sigue aferrado a su banca en el Senado.
Gustavo Leite no se queda atrás, saltaría al vacío por su líder Horacio Cartes, quien durante su mandato lo había escogido como ministro de Industria y Comercio. Está presente, sobre todo, para defenderlo de cualquier acusación y plantarse ante cualquier medida de la Embajada de Estados Unidos que tiene en la mira a Cartes oficialmente desde que lo designó como significativamente corrupto.
Las dos mujeres que defienden el proyecto también guardan una serie de cuestionamientos. Zenaida Delgado fue electa por Cruzada Nacional, pero apenas juró como senadora se volcó hacia el cartismo, en tanto que Lizarella Valiente es una auténtica colorada, con todos los vicios.
No se trata de criticarla solo por ser mujer ni de cosificarla, sino de tomar como argumento el incumplimiento de una gran responsabilidad que asumió con la sociedad. Como candidata y luego como legisladora utilizó la desinformación para colocar en la agenda pública “la ideología de género”, un invento que solo apunta a desprestigiar cualquier iniciativa que busca explicar la desigualdad y corregirla. Incluso abusó de su posición para imponer una censura en la academia que intentaba incorporar la perspectiva de género en un congreso sobre salud mental.
Nadie está en contra de la transparencia en las oenegés, sí en contra de los muros que quieren levantar para impedir la participación ciudadana.
