Estaban guardados en una de las habitaciones del Departamento de Operaciones en Producciones de la Policía, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.
Martín Almada y el juez José Agustín Fernández se llevaron todas las palmas y son considerados los descubridores de lo que hoy conocemos como el Archivo del Terror.
Sin embargo, existe un actor que fue clave para dicho descubrimiento: El comisario Ismael Aguilera, quien deja su aporte histórico con su libro Mi lucha por la verdad, donde cuenta su verdad y detalla que un informe realizado por él fue vital para lo que pasó luego, el 22 de diciembre, cuando se descubrió el archivo.
En esas páginas relata que días antes de que se sepa todo, acudió al Departamento de Producciones en Lambaré y vio algo extraño. Se estaban quemando unos papeles traídos del Departamento de Investigaciones de Asunción. Por entonces, los medios radiales, escritos y televisivos ya llenaban sus espacios sobre la existencia de documentos que probaban la crueldad a la que fue sometido el país en 35 años de dictadura.
El comisario Aguilera, un policía que se formó en el régimen stronista, decidió no mirar para otro lado y optó por mover el avispero. “Eran horas muy álgidas. Esa noche apenas pude dormir pensando que no se debía perder tiempo, si se quería que la documentación guardada no llegase a ser destruida en su totalidad”, relataba en el documento que dejó escrito para contar su versión de aquel importante hallazgo.
El arrojo de este agente policial merece ser conocido y reconocido, ya que son pocas las personas que decidieron plasmar en papel lo que vivieron en aquellas épocas. Muchos de los testigos prefirieron el silencio, ya sea por temor o por prudencia. Como todo acto trascendental, el valor que tuvo el comisario Aguilera para informar de lo ocurrido, le valió que el comandante de la época, Mario Agustín Sapriza, lo confinara a Caazapá en un cargo con menor antigüedad. El Archivo del Terror significa un valor histórico que no alcanzaremos a dimensionar.
Alberga documentos inalterables que hablan de los 425 desaparecidos, de las detenciones ilegales y arbitrarias de casi 20.000 personas y que forzó el exilio de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
Que se haya evitado la quema de esos documentos permitió destrabar varios procesos y numerosos represores terminaron presos. Otros –como el ex ministro del Interior Sabino Augusto Montanaro– debieron encontrar refugio en Honduras y a su retorno, luego de 20 años de exilio, se encontraba recluido en su casa con prisión domiciliaria hasta que falleció en el año 2011.
La importancia del archivo no se limita a nuestro país, sino que fue utilizado por víctimas de la dictadura de Argentina, Chile, Uruguay, que utilizaron los papeles allí guardados como soporte documental en juicios realizados contra represores sobre la desaparición de personas en el marco de la Operación Cóndor.
La atroz dictadura que azotó al país durante 35 años forma parte de la historia reciente de nuestro país y merece ser conocida y estudiada por las nuevas generaciones.
Esta montaña de pruebas saca a la luz la crueldad vivida en esos años aciagos y la responsabilidad histórica del dictador Alfredo Stroessner que sabía absolutamente todo lo que estaba pasando.
“Los archivos, materia y memoria, están llamados a ocupar un espacio relevante en la lucha contra la amnesia colectiva que afecta a nuestro pasado reciente o remoto”, se puede leer en una de las paredes de lo que hoy conocemos como el Museo de la Justicia, que guardan evidencias de una cruel verdad que ha sido probada.
