En un año donde aparentemente los pensamientos han estado más concentrados en las luchas de movimientos por las elecciones internas partidarias, apenas ha salido una ley que forma parte de la agenda de reformas: la nueva Ley de Compras Públicas. Una normativa que sustituye a la Ley de Contrataciones del 2003, incorporando nuevas formas de pensar esta rama de la política pública, nuevas herramientas y nuevos propósitos.
Esta interrupción en la agenda de reformas –porque se han aprobado ya entre 2019 y 2021 una lista de leyes en materia fiscal y lucha contra el crimen organizado– es en gran medida responsabilidad del Congreso.
Es que una serie de proyectos de ley aguardan turno en el Parlamento desde hace meses, e incluso años en algunos casos. Esto, para no decir que están cajoneados.
Entre los más importantes, por ejemplo, podemos citar tres proyectos: responsabilidad fiscal 2.0, servicio civil y comportamiento gubernamental en época electoral.
El primero –formalmente llamado ley de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal– es el más antiguo en el Congreso. Fue presentado ya hace exactamente dos años y los principales puntos tienen que ver con establecer limitaciones al déficit fiscal y a la deuda pública.
Esta propuesta pretende limitar el saldo rojo del Fisco con relación al nivel del pasivo paraguayo, señalando que el déficit no podrá superar el 1% si es que la deuda es igual o superior al 36% del PIB. Asimismo, estipula que el endeudamiento del Estado no podrá superar el 40% del PIB, aunque establece cláusulas de escape, en caso de emergencias o retracciones. Para entender un poco más, al cierre de octubre de este año, la deuda pública ya se ubicaba en el 37,2% del PIB y el déficit cerraría este 2022 en el 3% del PIB.
El segundo –del Servicio Civil, también en el Congreso desde hace un par de años– pretende ser una reforma de la Ley de la Función Pública. Establece que la única vía de acceso a algún cargo del Estado es el concurso, condiciona la estabilidad a evaluaciones de desempeño y pone un tope a los cargos de confianza y a los asesores, entre otros puntos. La idea es establecer una carrera en la función pública, con reglas iguales para todos y con base en la meritocracia, dando previsibilidad laboral y evitando subas salariales discrecionales.
El tercero –comportamiento gubernamental en época electoral– es el más reciente, presentado en abril de este año. Este proyecto –ideado en medio de iniciativas parlamentarias que pretendían dejar un agujero fiscal de casi USD 2.000 millones– tiene como fin prohibir los aumentos salariales en años electorales. También prohíbe la aprobación de leyes que impliquen una disminución de los ingresos tributarios en años de comicios. Evidentemente, también duerme el sueño de los justos.
Es necesario, no obstante, que el Ejecutivo haga un mea culpa. La falta de un consenso también impidió que estas iniciativas avancen como se esperaba, porque no se trata solo de idear un proyecto, sino de darle el seguimiento necesario.
Después de unas nuevas elecciones internas y con miras a unas nuevas elecciones generales, se torna cada vez más imperioso que la clase política vaya cambiando su mirada coyuntural y egoísta, o caso contrario, se renueve. Al fin y al cabo, esto no se reduce solamente a algo fiscal o financiero, sino que se trata de garantizar un crecimiento económico sostenible y de seguir protegiendo la tan promocionada estabilidad macroeconómica.
El sociólogo y escritor americano Alvin Toffler sostenía que el cambio no es solamente necesario en la vida, es la vida misma. No dejemos morir a la agenda de reformas. Sin cambios, seguiremos siendo un país de enormes desigualdades.