Una nueva objeción sobre la iniciativa del Ejecutivo de imponer su receta para la alimentación en el nivel escolar denominado Hambre Cero. De esta forma, se eliminaría el Fonacide que es la forma y el organismo creado para el control de millonarios recursos.
En este caso, Opaci integra el Consejo Nacional de Alimentación Escolar y los antecedentes y representantes de esta organización ponen en cuestionamiento el diseño de la ley. Si bien Opaci será uno de los organismos que administrarán el dinero, no estará a la cabeza, pero claramente su participación será vinculante. La duda radica en que Opaci está integrado por intendentes que no se caracterizan precisamente por la buena administración y muchos han sido denunciados por el mal manejo de Fonacide. Además, en la mayoría de los casos, son reacios a la transparencia. Allí lidera Óscar Cabrera, intendente de Guarambaré, y su mesa directiva está integrada por intendentes que no han rendido buenas gestiones en sus distintos municipios. La vicesegunda de la institución en representación de Central es la intendenta de Mariano Roque Alonso, Carolina Aranda, esposa del diputado Marcelo Salinas.
Ella acarrea una denuncia por presentar su ejecución presupuestaria del 2022 con sendas incongruencias.
La diferencia de su rendición fue de G. 4.000 millones. En el periodo de pandemia, algunas de las compras de los kits alimenticios aprobados por emergencia habían sido groseramente sobrefacturados, según publicaciones. Aún así, Contraloría demostró una extraña condescendencia con dicha administración, pues nunca realizó auditoría a fondo, pese al reclamo constante de la ciudadanía. Aún más preocupante es que el organismo encargado de la administración del alimento escolar, de acuerdo con la nueva ley que impulsa el Ejecutivo, tenga en su Junta Directiva al intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas. Este es el padre del imputado senador Hernán Rivas, quien fue salvado por una mayoría cartista para dar acuerdo constitucional para la intervención municipal a raíz de que una mayoría de ediles denunciaron el mal uso de G. 2.000 millones (Fonacide) y de G.7.000 millones de recursos genuinos hasta 2023.
Integran además la Junta Directiva, el intendente de Areguá, Denis Torres, quien en su momento fue denunciado por los concejales liberales Luis Villalba y Gustavo Alfonzo por una supuesta lesión de confianza por G. 2.500 millones.
El caso de Torres desnuda un claro cuoteo dentro de la institución que, si bien ahora está dirigida por una persona de bajo perfil, podría, eventualmente cuando la ley esté firme, seguir dirigida por otra persona.
Por eso no es un azar que justamente Torres esté integrando la organización en representación de otros 18 intendentes y en este sentido, es preciso mencionar que Torres es un cartista de raza y ahijado político del actual ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, quien comandará el Conae.
Otro que no goza de buena reputación en la administración de recursos públicos es el matrimonio Dávalos-Sosa. Hablamos de matrimonio, por el hecho de que la intendenta de Yegros del Departamento de Caazapá es Claudia Sosa de Dávalos, esposa del diputado cartista Avelino Dávalos, quien había sido denunciado supuestamente por dilapidar recursos del Fonacide cuando era gobernador. Se estima un presunto daño patrimonial por G. 192.187 millones de recursos provenientes de royalties y Fonacide.
VARIAS DUDAS. Opaci es solo uno de los puntos cuestionados que surgen sobre la ley. También se señala discriminación a raíz de que fuera del Fonae quedarán las gobernaciones de Central y Presidente Hayes. Se eliminan el financiamiento de la investigación científica y se saca el blindaje al arancel gratuito en la educación terciaria.
Cabe decir que la Opaci se presenta como una entidad sin fines de lucro, pero cuyos fondos provienen casi con exclusividad del aporte de contribuyentes mediante la expedición de registros de conducir. Su manejo de facto siempre se atribuyó al clan Núñez y tiene a 240 municipalidades asociadas. Su Junta Directiva la compone el representante de los concejales, Ricardo Núñez, sobrino del ex condenado gobernador de Presidente Hayes Óscar Ñoño Núñez.
