El mandatario, que se encuentra en el departamento (provincia) de Florida (centro) con motivo del acto oficial por el 197° aniversario del Día de la Independencia del país, dijo a la prensa que “sin perjuicio de que el resultado por vías legales a nadie conforma” las autoridades actuaron “de derecho”.
Cuestionado sobre el accionar del Gobierno en la expedición del pasaporte del uruguayo Sebastián Marset, quien hizo la solicitud mientras estaba preso en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por portar documentación paraguaya falsa, remarcó que los funcionarios cuentan con su confianza.
Tras celebrarse este lunes en el Senado uruguayo una interpelación a los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, Lacalle Pou, que no había hecho declaraciones públicas desde que trascendió el caso, sostuvo que habló con los involucrados antes “para tener cierta tranquilidad”.
“Este presidente, cuando entendió que tenía que relevar ministros u otras autoridades no es un momento que a uno le guste, pero no le tembló el pulso, o sea que si yo hubiera tenido la convicción de una mala actuación lo hubiera hecho y como no lo hice tengo la tranquilidad de que no se hicieron las cosas mal”, enfatizó.
Además, aseveró que “no coincide” con las voces opositoras que afirmaron que el hecho manchó la reputación internacional del país.
Los ministros uruguayos Heber y Bustillo defendieron este lunes durante la comparecencia al Senado, convocada por el opositor Frente Amplio (FA), coalición de izquierda que gobernó Uruguay entre 2005 y 2020, que la entrega del pasaporte fue un “trámite administrativo” y no político.
Marset, uruguayo de 31 años, con largo historial delictivo en varios países y cuyo nombre aparece vinculado como presunto autor intelectual del asesinato en Colombia del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, recibió un pasaporte de las autoridades uruguayas que le permitió escaparse de Emiratos Árabes Unidos. Según informó días atrás el diario uruguayo El Observador, el narcotraficante recibió el pasaporte mientras el Ministerio del Interior colaboraba con la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos en una investigación internacional liderada por la Secretaría Antidrogas de Paraguay.