Guillermo O’Donnell acuñó el término Zonas marrones para describir aquellos espacios donde las reglas formales del Estado de derecho se ven opacadas por arreglos informales. En estos entornos, la ley no se aplica con la misma intensidad para todos, y el acceso a la Justicia o a los beneficios estatales depende más de las conexiones personales que de la legalidad.
En este sentido, Paraguay presenta características que se encuadran a la definida conceptualmente por O’Donnell:
• Desigual aplicación de la ley. Mientras muchos ciudadanos (generalmente de escasos recursos o sin contactos con el poder) enfrentan procesos judiciales rigurosos, otros, logran evadir la Justicia gracias a sus vínculos. Impunidad flagrante que es un obstáculo para la vigencia efectiva del Estado de derecho.
• Instituciones capturadas. Sectores del Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo están influenciados por redes informales que limitan su autonomía mediante fuertes nexos con actores políticos.
• Estructuras de poder paralelas. Si bien las decisiones públicas deberían tomarse con base en reglas claras, en la práctica, arreglos entre grupos de interés (cada vez más próximos al crimen organizado) determinan qué sucede realmente.
Frente a este escenario, la política, representada por los partidos, no ofrece mayores respuestas. El Partido de gobierno y, en menor medida, también el principal partido opositor, actuando de vehículos de entrada para la incursión acelerada –y desvergonzada– del crimen organizado a la política, juegan decididamente en contra. Los partidos opositores menores, desarticulados, con escasa representación parlamentaria y envueltos en discusiones nimias sobre personas, nombres, candidaturas, pero lejos de presentar un proyecto alternativo con respuestas concretas para este tipo de amenazas.
La ciudadanía, desmovilizada, temerosa y amenazada por leyes implementadas desde el gobierno que limitan su autonomía y capacidad de organización. La élite empresarial, que es dubitativa en presionar las reformas y cuestionar severamente la corrupción política porque algunos (o muchos de ellos) se aprovechan de las reglas informales para ganar licitaciones, acceder a contratos millonarios y beneficiarse de influencias por fuera de las reglas formales.
Solo queda la prensa, que puede denunciar y exponer, pero que no tiene atribuciones para llevar adelante los cambios ni emprender reformas. La prensa juega su rol, que es poner las cosas a la luz pública, sin voluntad política para cambiar. Esto se vuelve insuficiente.
Los chats muestran cómo se gestionan cargos, contratos y favores en una lógica paralela a la democracia. No es un fenómeno exclusivo de Paraguay; escándalos como Lava Jato en Brasil o los sobornos de Odebrecht en la región han expuesto dinámicas similares. La diferencia es que, en muchos de esos países, hubo consecuencias.
El impacto de estas revelaciones ha sido inmediato. Si bien muchos de los actores mencionados han intentado distanciarse del escándalo, la sensación de que Paraguay opera bajo una lógica de negociaciones extrainstitucionales ha cobrado aún más fuerza.
¿Qué efectos concretos tendrá este escándalo? En el mejor de los casos, podría impulsar reformas que fortalezcan la institucionalidad. En el peor, reforzará el escepticismo ciudadano y la idea de que nada cambia. La ausencia de contrapesos políticos, la inexistente voluntad política para actuar en beneficio de todos y no de una minoría y la desorientación generalizada no invitan a ser optimistas.
