El Paraguay, sin duda, se encuentra ante una encrucijada. Por un lado, se debe reconocer que en los 34 años de democracia tras la caída de la dictadura en el año 1989, tenemos una pobrísima representación en el Congreso Nacional. Por el otro, no es posible ignorar que el pueblo paraguayo ha votado por estos diputados y senadores y le ha dado una mayoría absoluta al Partido Colorado en ambas cámaras parlamentarias.
Como resultado tenemos actualmente un Gobierno colorado que tiene en sus manos la posibilidad de cambiar al país, pues no hay obstáculos a nivel parlamentario que puedan frenar sus planes y proyectos. Lamentablemente, este Gobierno sigue eligiendo beneficiar a la misma rosca de siempre por encima de los intereses de la mayoría. Es así que la administración de Santiago Peña decidió pedir aumentos de salarios para él mismo, así como para su vicepresidente para sus ministros, viceministros, senadores y diputados, mientras la población mayoritaria puede dar fe de las numerosas y urgentes carencias. La gente debe escuchar a diario el discurso de que no hay recursos para los hospitales, para medicamentos, insumos o mejoras salariales para el sacrificado personal de blanco ni para la merienda escolar o la seguridad ciudadana, mas sí los hay para los aumentazos.
Como si esta situación no fuera lo suficientemente preocupante, lo peor está aconteciendo semana tras semana en el que debería ser el gran escenario de la democracia: El Parlamento, donde los representantes del pueblo se reúnen para discutir, debatir y resolver asuntos públicos. La mediocre calidad de nuestra representación, salvo contadas excepciones, es comprobable a diario desde hace tres meses cuando el nuevo Parlamento prestó el juramento de desempeñar debidamente el cargo y obrar de conformidad a lo que prescribe la Constitución.
En medio de grandes temas, hemos sido meros espectadores de una serie de bochornosos espectáculos. Se han destapado negociados de tierra que involucran a invasores vips, así como expropiaciones y desafectaciones de terrenos públicos hechos de manera compulsiva e interesada; alevosos ejemplos de violencia política contra senadoras, hasta la reciente polémica designación del senador colorado Hernán Rivas, ahora de permiso, como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la presión acerca de su dudoso título de abogado. Hace diez años, el Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional decía que para la ciudadanía paraguaya, el Congreso Nacional, los partidos políticos y la Policía Nacional eran las instituciones más corruptas. Después de una década poco ha cambiado en la percepción ciudadana, lo que se hace evidente por la falta de confianza y credibilidad en estas instituciones. Los más recientes hechos nos muestran una asamblea parlamentaria donde se ha normalizado la falta de debate profundo y serio y la imposición totalmente arbitraria de una mayoría que apenas admite el disenso.
Es deplorable que después de más de tres décadas de sacrificada construcción de la democracia el debate político se encuentre hoy en su momento más pobre. El país tiene ante sí importantes desafíos y una gran deuda social que pesa sobre la población más necesitada. Para resolver estos problemas la democracia necesita de sus mejores representantes.
El sufrido pueblo paraguayo no se merece una clase política ni dirigentes mediocres que apenas pueden sostener debates políticos sin caer en vulgaridades, sin ser groseros, ruines e indignos, muchas veces hasta con fines distractores.
Se debe revertir de manera urgente esta degradación del debate político por el bien de la ciudadanía y de la democracia.
