El relator inició la conferencia de prensa congratulando a Paraguay por haber ratificado todos los acuerdos internaciones sobre químicos y desechos, como los de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y Minamata, pero urgió la ratificación del acuerdo Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.
“Es particularmente alarmante el rol que han jugado el arzobispado de Asunción y ciertos sectores empresariales en Paraguay en difundir información falsa sobre el Acuerdo, lo que contribuyó a la decisión del Poder Ejecutivo de retirar el proyecto de ley para su aprobación en el Senado”, criticó.
Orellana sostuvo que observó durante su visita a Paraguay, que se dio del 3 al 14 de octubre, que pese a todas las leyes ambientales con las que cuenta Paraguay, la gran mayoría no se cumplen.
“Esto genera desprotección de las personas frente a riesgos ambientales, particularmente en el ámbito de la extracción agroindustrial. Paraguay tiene una gran oportunidad de afrontar estos problemas de manera decidida y estructural”, remarcó.
Asimismo, dijo que de no hacerlo, el país corre el riesgo de quedarse fuera de mercados internacionales que cada vez más buscan asegurar cadenas de suministro respetuosas del medio ambiente y los derechos humanos.
“Quisiera mencionar, como ya he hecho en repetidas ocasiones, el aberrante doble estándar de países que prohíben el uso de pesticidas porque son peligrosos para la salud y el medio ambiente, pero a la vez permiten su producción y exportación a países en desarrollo”, remarcó.
A la vez, aseveró que es también responsabilidad del Estado paraguayo proteger los derechos humanos de su población y restringir la importación de pesticidas peligrosos.
Acceso a la Justicia
El relator especial se mostró alarmante por la información recibida sobre vulneraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, como líderes indígenas y campesinos, entre otros defensores de derechos humanos y ambientales, que frecuentemente son imputados por el Ministerio Público.
“Me preocupa la utilización del derecho penal como instrumento de represión de la protesta y la articulación social”, manifestó.
En cuanto a las iniciativas de leyes que se discuten en el Congreso, citó una ley para crear un fuero agrario y ambiental, una ley de protección de humedales y una ley para actualizar los delitos ambientales.
Sobre esta última, reiteró la importancia de actualizar la ley 716 de delitos contra el medio ambiente para combatir la impunidad.
“Las multas no son un sustituto para penas privativas de libertad ante graves daños al medio ambiente y las personas”, cuestionó.
También manifestó preocupación en forma particular por la falta de cumplimiento de los dictámenes del Comité de Derechos Humanos.
“Han transcurrido tres años desde el dictamen de Colonia Yerutí, un año desde el dictamen de Campo Agua’ẽ, y más de una década desde que las comunidades interpusieron sus primeras denuncias en Paraguay”, explicó.
Sobre el punto, expresó que le preocupa ver el abandono de las víctimas por parte el Estado, ya que las comunidades no han recibido medidas de reparación y cumplimiento de los dictámenes.
“Es más, no solo no se han cumplido los dictámenes, sino que se siguen esparciendo agrotóxicos alrededor de estas comunidades”, reprochó, además de que las penas a los agresores son leves y no corresponden a la gravedad de los delitos.
Pesticidas
El relator fue contundente al exponer que los pesticidas, también llamados plaguicidas, productos defensivos, agrotóxicos o agroquímicos, son uno de los principales desafíos ambientales y de derechos humanos que afronta el país.
“Me gustaría recalcar, como hemos hecho varios relatores especiales en repetidas ocasiones, que es un mito que los agrotóxicos sean necesarios para alimentar al mundo. Es preocupante ver la influencia indebida de las empresas en la política pública sobre agrotóxicos en Paraguay. El modelo de producción agraria instalado en Paraguay se caracteriza en gran medida por los monocultivos de soja y la utilización de agrotóxicos”, detalló.
Orellana destacó las buenas prácticas en la rotación de cultivos con ganadería. En contrapartida, expuso que la superficie utilizada por el agronegocio creció un 234% en las últimas dos décadas, mientras que la superficie para la agricultura campesina bajó casi en un 50% en el mismo periodo. Recalcó la necesidad de un censo agropecuario.
“Paraguay promulgó una ley 2524, conocida como de Deforestación “Cero” en la Región Oriental, en el año 2004. Sin embargo, de acuerdo con mapeos satelitales entre 2006 y 2016, se deforestaron un promedio de 60 hectáreas por día”, reveló.
De igual manera, expuso que la deforestación se da en un contexto de inequidad territorial y tierras otorgadas ilegalmente a quienes no eran sujetos de la Reforma Agraria durante la dictadura del general Alfredo Stroessner.
Sostuvo, además, que las tierras conocidas como malhabidas alcanzan alrededor del 20% del país y son de las mejores tierras de cultivos, lo cual genera conflictos territoriales y exclusión.
Agroindustria dependiente de químicos
“Actualmente, el 94% de las tierras agrícolas en Paraguay está destinada a la agroindustria dependiente de insumos químicos”, informó.
El enviado de la ONU especificó que el promedio de pesticidas vertido anualmente es de 4,25 litros por hectárea y ha ido en aumento.
“Este dato, que sería preocupante por sí mismo, resulta aún más escalofriante cuando se tiene en cuenta que los agrotóxicos más importados en el país son el glifosato, el 2,4-D y el paraquat. Estos pesticidas son altamente peligrosos”, expresó.
En cuanto al pesticida paraquat, señaló que está prohibido en la Unión Europea desde 2007 y en Suiza desde 1989, porque es considerado demasiado peligroso para los agricultores, incluso con equipos de protección.
Sin embargo, en la última conferencia de las partes del Convenio de Rotterdam realizada en junio de este año, Paraguay se opuso a la inclusión del paraquat, entre otros pesticidas, en el Anexo III del Convenio, ignorando las recomendaciones del propio comité científico de la Convención.
“Esto frustra el interfaz ciencia-política que está en la base del Convenio y por consiguiente, perjudica su efectividad. La ley N° 3.742 de control de productos fitosanitarios de uso agrícola establece medidas de protección ante la aplicación de agrotóxicos”, lamenta.
Flagrante fumigación
El relator indicó que entre las medidas se encuentran las franjas de protección o barreras vivas entre cultivos y comunidades, condiciones de viento y temperatura bajo las cuales se prohíbe la fumigación, medidas de fiscalización y control, y otras.
“Sin embargo, he podido ver con mis propios ojos el flagrante incumplimiento de esta ley ante la falta de franjas de protección, lo que resulta en la deriva de pesticidas sobre los cuerpos, viviendas y cultivos de las comunidades aledañas”, testificó.
En ese sentido, aseguró que la inacción de las instituciones competentes de fiscalizar efectivamente el cumplimiento de la ley, en particular del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), está resultando en graves afectaciones al ambiente y la salud de las personas.
“Los testimonios que he escuchado repetidamente a lo largo de mi visita, sobre la falta de acción del Estado frente a los numerosos casos de violaciones de derechos humanos relacionados al uso de pesticidas peligrosos en Paraguay, son extremadamente inquietantes”, advirtió.
Esto, a pesar que desde el 2003 Paraguay entró en la lista de la FAO de “países preocupantes” por su uso de pesticidas y a pesar de que el Estado ha recibido, desde 2007, reiteradas observaciones y recomendaciones de organismos internacionales con relación al uso de agrotóxicos.
Se suman también a las decisiones del Comité de Derechos Humanos que declaran la responsabilidad internacional de Paraguay por las afectaciones de los agrotóxicos del derecho a la vida y otros derechos.
Como resultado, afirmó que los pesticidas afectan todos los aspectos de las comunidades a las que rodean, desde su derecho a una vida digna y sana, a una educación, a un hogar, a la alimentación, y a un medio ambiente saludable, entre otros, según exteriorizó.
“Empezando por el desalojo de campesinos e indígenas de sus tierras y llegando hasta la muerte por envenenamiento, el uso masivo e indiscriminado de agrotóxicos en los cultivos de Paraguay ha creado una situación insostenible para comunidades que ya se encontraban en una marcada situación de vulnerabilidad”, alertó.
Monitoreo por parte del Ministerio de Salud
Entre otras cosas, expuso que los pesticidas, que para el agronegocio han resultado en grandes beneficios económicos, para las comunidades arrinconadas por los cultivos han resultado en la pérdida de sus territorios, enfermedades, discapacidades, muertes, conflictos sociales y judiciales.
Dado este contexto, destacó la necesidad de monitoreo epidemiológico por parte del Ministerio de Salud.
“El Ministerio (de Salud) actualmente cuenta con una herramienta que en la práctica solo capta casos de intoxicaciones agudas graves. Por otro lado, las comunidades han normalizado afectaciones como los dolores de cabeza y náuseas, y el sistema de salud no registra estos casos como exposición por plaguicidas”, declaró.
El relato reveló que la niñez en las zonas rurales se está viendo afectada por los efectos indiscriminados de los pesticidas, no solo en términos de salud, sino también de desarrollo educativo.
“Me entristece enormemente ver que, en la Región Oriental, más del 20% de escuelas están rodeadas por cultivos y fumigaciones que no cumplen con las medidas de protección establecidas en la ley 3742”, lamentó.
Buenas prácticas de cultivo
El enviado relató que tuvo la oportunidad de visitar el asentamiento de Crescencio González, el cual, sin ayuda estatal, ha logrado presentar una buena práctica alternativa al cultivo extensivo de productos transgénicos dependientes de agrotóxicos.
“El asentamiento, un territorio de 5.000 hectáreas de propiedad estatal con 1.300 habitantes distribuidos en diez núcleos dispuestos en forma radial, con cultivos en expansión circular, demuestra los beneficios económicos, comunitarios y ambientales de una producción libre de agrotóxicos”, destacó.
Asimismo, indicó que dicho modelo de desarrollo comunitario permitió que el asentamiento logre seguridad alimentaria, ya que sus cultivos son suficientes para comer, vender en ferias e incluso dar en solidaridad a otras comunidades campesinas.
Finalmente, le resultaron alarmantes los testimonios de la comunidad sobre los hostigamientos que sufren por defender sus terrenos, además de los impactos en su salud y cultivos de las fumigaciones aéreas en los monocultivos colindantes.
