RÍO DE JANEIRO - BRASIL
Mientras el organismo de contralor Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) posterga para agosto el plazo para juzgar la prestación de cuentas del Gobierno relativas al 2014, gana velocidad una de las acciones a las que apuesta la oposición para remover de la Presidencia de Brasil a Dilma Rousseff: la acusación de delito electoral.
Dos movimientos ocurrieron en las últimas horas en este sentido.
El juez del Supremo Tribunal Federal (STF), la máxima corte del país, Celso De Mello, autorizó la declaración del empresario y delator de la operación Lava Jato, Ricardo Pessoa, de la constructora UTC, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), dentro de una demanda contra la mandataria promovida por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppVOLUNTAD POLÍTICA. La declaración ya estaba agendada para el 17 de julio sin autorización del STF, una señal de la “voluntad política” del miembro informante del caso en el TSE, el juez João Otávio Noronha.
Se filtraron además los términos de los pedidos hechos por el Ministerio Público y la Policía Federal al STF para las prórrogas de las investigaciones sobre donaciones de empresarios a políticos para financiar campañas.
El pedido afirma que existen indicios de que donaciones legales y, por lo tanto, registradas a los senadores Humberto Costa (PT), Lindbergh Farias (PT) y Valdir Raupp (PMDB) son en realidad sobornos disfrazados.
El senador Humberto Costa está convencido de que la filtración ocurrió obedeciendo un propósito: “Quieren criminalizar primero las donaciones a políticos, transformando donaciones legales en sobornos, para más adelante generalizar este entendimiento, aplicándolo también a las cuentas de la presidente Dilma. Nos quieren utilizar como carnada, abriendo el camino para golpear a la presidenta por delito electoral”, dijo Costa.
Los 3 senadores ya declararon y presentaron documentos sobre sus campañas, demostrando que las donaciones que recibieron no tienen relación con ningún contrato con Petrobras. “Presenté las cuentas de mi campaña, y abrí mis secretos fiscal, telefónico y bancario. La afirmación de Paulo Roberto Costa, de que pidió a Youssef para conseguir una donación para mí, fue negada por el cambista, inclusive en el careo que tuvieron sobre el tema.
Ahora la Policía Federal está pidiendo nuevas diligencias, inclusive un nuevo careo, partiendo del presupuesto de que Paulo Roberto Costa dice la verdad. Continúo convencido de que no encontrarán pruebas de que la donación legal y declarada que recibí de un empresario y viejo amigo de Pernambuco derive de corrupción. Pero, en los tiempos en que vivimos, las delaciones, incluso cuando son contestadas, parecen prevalecer sobre las pruebas. Estoy seguro de que eso no funcionará en el STF”, dijo Humberto Costa.
La filtración de un pedido de realización de más diligencias solo fue hecha con un propósito, dice el senador: tornar voz corriente que las donaciones legales a petistas y aliados oficialistas, como Raupp, son sobornos.