Las entidades binacionales no deben seguir siendo la bolsa de trabajo para los parientes de los políticos, como tampoco pueden seguir siendo la moneda de cambio de los que están en el poder para pagar sus compromisos de campaña.
Cuando Santiago Peña asumió la presidencia, se reunió con el sector empresarial para explicar su visión. El resurgir de un gigante fue el lema elegido para explicar la proyección de sus cinco años de gobierno en el sector económico y empresarial. Peña afirmó que su administración buscará principalmente “transmitir la confianza y la credibilidad” para que el sector privado sea el motor de desarrollo que el país necesita, a través de sus inversiones.
Así también, había manifestado que como presidente asume la responsabilidad, “mirando con un tremendo optimismo”, debido a que considera que “estamos en puertas de uno de los mayores saltos en el progreso”, sobre todo en cuanto a los empleos, la educación y la lucha contra la pobreza.
El problema es que hasta el momento aquel lema de campaña, “Vamos a estar mejor”, solamente se aplica para los colorados oficialistas y sus familias, así como para sus operadores políticos. Y con este tipo de decisiones difícilmente se puedan construir la confianza y la credibilidad.
En el caso de Itaipú, esta es utilizada para premiar a dirigentes políticos y ubicar a los parientes. La lista a la que accedió ÚH es extensa, pero entre ellos destacan un presidente de seccional, un primo del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez. En cuanto a los operadores, Juan José Ozuna fue designado en la Dirección de Coordinación de Itaipú como superintendente de Gestión Ambiental, este había sido apoderado de Justo Zacarías Irún; Carlos José Flores, otro operador político, logró un cargo como jefe de División de Áreas Protegidas; este trabajó en la campaña para llevar votos a la diputada Rocío Abed, esposa de Justo Zacarías; y otra operadora de Honor Colorado, Luciana Mendoza Gavilán, del equipo del diputado Miguel Del Puerto, siendo abogada fue designada como superintendenta de Obras.
También se cuentan parientes de políticos que fueron promovidos por este gobierno: Walter Hugo Ovelar es primo del presidente del Congreso Nacional, Silvio Beto Ovelar, ya fue elevado de categoría durante la administración de Mario Abdo Benítez, donde fue jefe de División de Apoyo Operacional, y ahora el nuevo director paraguayo, Zacarías Irún, lo designó como jefe de Departamento de Protección Ambiental.
En el caso de la Binacional Yacyretá, la Federación de Sindicatos de la entidad, Fuerza Sindical Libre, cuestionó las expresiones del director, Luis Benítez, quien afirmó que se tienen 2.000 funcionarios, que la institución puede funcionar con menos y que es necesaria una reducción. El sindicato señala que, en su corta gestión, han ingresado numerosos funcionarios, la mayoría pilarenses y casi todos con los salarios más altos de la binacional. También se les ha otorgado hasta plus adicional, que les benefician con más del 45% de fondos por encima de sus salarios y beneficios, les proveen vehículo, chofer, combustible, creándoles cargos inexistentes en el organigrama de la EBY y que no tienen funciones específicas.
Este definitivamente no es el modelo de un Paraguay moderno, ni se corresponde con discurso populista del renacer de un gigante que ha prometido Santiago Peña.
Las binacionales deben contratar a técnicos y a personas preparadas, Itaipú y Yacyretá deben dejar de ser el refugio de lujo de la parentela de nuestra clase política y de operadores, seccionaleros y amigos. Un gobierno que concede privilegios para un grupito no es democrático.
