Más de 1.200.000 estudiantes retornaron a las aulas en 8.648 instituciones educativas públicas. Pero el entusiasmo de miles de niños y jóvenes por retomar los estudios, y recuperar el tiempo perdido durante la pandemia del Covid-19, se verá confrontado por el lamentable estado de los locales escolares.
No caben dudas de que las deficiencias en cuanto a infraestructura desnudan en realidad la situación en la que se encuentra nuestra educación.
Conforme a los datos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en todo el país existen unas 12.000 salas de clases en mal estado en las escuelas públicas, de estas, unas 200 presentan incluso riesgo de derrumbe. Sumado a este reporte, se debe agregar que son más de 300 las instituciones educativas que iniciaron las clases sin contar con energía eléctrica o servicio de agua potable.
De acuerdo con un informe presentado en 2022 por el MEC, en todo el país 163 establecimientos educativos no cuentan con abastecimiento de agua; la Essap apenas alcanza a cubrir 896 instituciones educativas de las 7.500 instaladas en todo el territorio. Otras reciben la provisión de agua mediante aljibes, pozos artesianos y 33 escuelas se valen de tajamares, tanto en la Región Occidental como en la zona Oriental del país. En cuanto a la energía eléctrica, 147 centros escolares no tienen energía eléctrica en sus instalaciones; unos 8 tienen conexiones directas y 10 son proveídos con generador eléctrico. Y, en cuanto a los servicios sanitarios, en el país hay 444 escuelas con letrina común, y 76 que funcionan con letrina común y pozo ciego, mientras que 73 instituciones no tienen ningún tipo de sanitarios.
Frente a estos hechos, la respuesta que surge de forma inmediata es que se necesitan más recursos, pero a veces recursos sin una adecuada gestión no son suficientes. Debemos recordar que, después de diez años de haberse creado el Fonacide ya fueron distribuidos USD 770 millones a gobernaciones y municipios, de acuerdo con los datos de la organización reAcción. Precisamente, en municipios que han recibido más recursos, como es el caso de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, todavía sigue habiendo escuelas con graves deficiencias de infraestructura.
Ese dinero debería haber sido utilizado para mejorar las condiciones de las escuelas, lo que hubiera tenido un impacto positivo directo en la calidad de vida de niños, adolescentes y maestros. Sin embargo, por la pésima gestión de intendentes, hoy miles de niños paraguayos asisten a escuelas precarias, sin agua potable, luz y que como baño disponen de una letrina.
Este año la situación se presenta más compleja debido a la actual epidemia de chikungunya, cuyo descenso de casos se espera recién para el mes de marzo. Otra tanto se plantea con la reaparición del sarampión, por lo cual ya se anunció que serán controlados los carnets de vacunación, y se fomentará la vacunación.
Como un derecho consagrado por la Constitución, el Estado debe garantizar el acceso a la educación y proveer todos los recursos necesarios para que la educación de los niños y adolescentes paraguayos sea de la mejor calidad. Esto supone no solamente que los techos de las escuelas no pongan en peligro a los escolares, que dispongan de agua potable y baños adecuados, sino también que sus maestros sean los mejor formados, y que los contenidos y la calidad de la educación pública consigan anular las desigualdades que actualmente excluyen a millones de paraguayos de una vida digna. No se trata solamente de clamar por más recursos sino de asegurar una eficiente ejecución de los mismos, ese es el verdadero desafío al que nos enfrentamos en el Paraguay.
