Hace una semana, docentes de diferentes gremios se manifestaron exigiendo la declaración de emergencia nacional educativa, para que el Gobierno invierta en los locales escolares, para garantizar el cumplimiento del protocolo sanitario. Paralelamente, las autoridades departamentales y del Municipio de Ciudad del Este anunciaron que solicitarían la suspensión de clases presenciales a las autoridades del Gobierno por el aumento de casos de coronavirus en el departamento.
En la Comuna de Hernandarias se entregaron insumos para 78 instituciones educativas, centro de alfabetización de jóvenes y adultos, incluyendo las ubicadas en zonas rurales, para que se pueda cumplir con el protocolo sanitario establecido por las autoridades sanitarias. Lo mismo hizo la Municipalidad de Minga Porá para 35 escuelas del distrito, el último fin de semana, para que cuando se realicen las clases presenciales los estudiantes puedan cumplir con la prevención del coronavirus. Los productos fueron entregados a los directores de las escuelas, bajo acompañamiento policial.
En los distritos de Presidente Franco y Raúl Peña también entregaron insumos, como lavamanos para las instituciones educativas, teniendo en cuenta que el MEC no provee de los equipos de bioseguridad. En Presidente Franco entregaron kits de materiales a más de 30 escuelas públicas, a través de la secretaría de Educación.
Mientras que en Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto prometió la adquisición de estos insumos y la excavación de 18 pozos artesianos en locales escolares que no cuentan con el agua potable para la higienización. En estos casos, dependería de los trámites burocráticos para la realización de las obras.
PRECARIEDAD. En el departamento hay 790 instituciones educativas públicas habilitadas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para más de 150.000 estudiantes, conforme a los registros oficiales.
Las clases debían iniciarse el 2 de marzo pasado, pero solo el 50% de las instituciones resolvieron iniciarlas, ya que en el resto, los propios docentes se negaron a impartir enseñanzas en los locales que no tenían condiciones para desarrollar las aulas presenciales.