En demandas por cobro de alquileres, el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene reclamas por G. 19.594 millones. El instituto mantiene unos 56 procesos judiciales por sus inmuebles de los cuales mayoría son por alquileres impagos y desalojos sin ejecución, en procesos que llegan a más de 10 años.
Entre los reclamos se encuentra la falta en transferencias por ejecución de hipotecas por USD 1.040.000, sobre una propiedad que debe ser transferida al IPS; e incluso demandas a la previsional por rescisión de contratos por G. 2.100 millones. El reciente caso de la Manzana T por falta de pago de alquileres por una deuda inicial de unos G. 900 millones que terminó sumando más de G. 8.000 millones en pérdidas es una pequeña parte de los procesos activos en gestión judicial.
El departamento jurídico en las últimas semanas recuperó propiedades en Limpio por una deuda de G. 1.900 millones y está tras la resolución de otros cuatro casos similares. En febrero se dio también la recuperación de 16 dúplex en el Paraná Country Club, por el que continúa el proceso por cobro de deudas de alquiler.
IPS tiene unos 901 inmuebles de los cuales 481 se encuentran disponibles para alquiler. Las propiedades fueron acumulándose como parte de pago por deudas del aporte obrero patronal o préstamos impagos.
Casos multimillonarios. En procesos judiciales por cobro de alquileres encabeza la lista con mayor deuda, el Ministerio Público, con G. 18.675.320.832. En enero la Fiscalía depositó G. 12.576.808.866 al IPS, con una diferencia de poco más de G. 6.098 millones.
Otro caso millonario es el iniciado contra Elvira Guillermina Notario Vda. de Abou Saleh por G. 3.519.245.312 por la explotación de unos 16 dúplex en el Paraná Country Club, en Alto Paraná. La causa cuenta con urgimiento para resolución. En febrero de este año el IPS logró levantar la medida cautelar sobre estas propiedades. La institución había adjudicado los inmuebles a Elvira Inmobiliaria por un canon de G. 42 millones, poco más de G. 2.600.000 por dúplex de lujo en el citado condominio.
Otra deuda importante es la de Educación Universitaria para el Desarrollo Económico y Social por la que el IPS inició un juicio ejecutivo, acción para comprobación de deuda de unos G. 1.667.276.705 a favor en relación a alquileres en el barrio San Roque de Asunción y G. 1.907 millones por propiedades en Limpio, recientemente recuperado por el instituto.
Contra Azzurra SA la institución demandó por el impago de G. 603.241.152 por el inmueble en Víctor Molas Gini casi Victoriano Almada en Itauguá.
Contra la Universidad Autónoma del Sur y Arnaldo Decoud Aranda por G. 335 millones por inmuebles en San Roque, Asunción, con orden de desalojo.
En la lista de causas judiciales en proceso se encuentra la Asociación de jubilados y pensionados (Apejuips) por G. 164.775.600, que también cuenta con orden de desalojo por la propiedad en Mariscal Estigarribia 824 casi Tacuary.
También hay orden de desalojo de Antonio Duarte por G. 96.240.416 por la propiedad en Antequera y Paraguarí.
Edificio en pérdidas. Mientras que en Ciudad del Este el Edificio Urundey mantiene dos demandas por incumplimiento de pago de alquileres con Víctor Hugo Ortiz por G. 66.475.472. y con Rubén Darío Bernal por G. 11.3434.450, desde el 2020. El Edificio Urundey fue absorbido por el IPS, por una deuda de aporte patronal de la empresa Ecomipa, con 55 departamentos y 14 centros comerciales. El edificio pasó a formar parte del IPS en el 2003 y recién en el 2006 fue puesto para arrendamiento. En esos tres años el IPS generó más de G 1.000 millones en pérdidas.
Caso Villa Santo Domingo. En las propiedades de la Villa Santo Domingo se encuentran causas abiertas por cobro de alquileres desde 2013 y órdenes de desalojo sin ejecutar desde ese año. Nilda Galeano por G. 204.886.050 se encuentra a la espera de la ejecución donde la sentencia para el cobro por embargos anteriores cuenta, además, con una orden de desalojo incumplida. Graciela Venialgo tiene deuda de alquiler por G. 102.428.192. María Graciela Orrego de Rodríguez por G. 32.240.416 desde el 2013, también con orden desalojo sin cumplir. Asimismo, María Samaniego y Lorena escurra por G. 13.221.471. Y desde el 2015 existen juicios de desalojo sin ejecutar a Fátima Catalina Aquino; Rosa Estela Duarte; Jorgelina Amarilla. Desde el 2019, para Óscar Ramón Quintana Miño.
Ocupantes precarios. En juicio también se encuentra la propiedad del IPS de España y EEUU por G. 862.354.139, en urgimiento para sentencia de desalojo por ocupantes precarios.
Para desalojo. Sumando años se encuentran las acciones de desalojo de inmuebles. Algunos casos son los de Violeta Acuña, sobre desalojo por inmueble en Montevideo 1025 casi Manduvirá, desde el 2017; Clemente Pérez, por propiedad en 12 de octubre casi Pirizal, desde el 2016.
También Soriano González por propiedad en Itakyry, desde el 2018. Incluso en este punto se encuentra un demandado ya fallecido en una causa en otro inmueble en Asunción. En esta causa se deja más de G. 40 millones de alquileres sin pagar.
Ejecución hipotecaria. Una causa de más de dos décadas es la del Edificio Yukyry I de Ciudad del Este que cuenta con una causa de reconstitución del expediente sobre ejecución hipotecaria por USD 1.040.424.
El Edificio Yuquyry I de 16 pisos, fue transferido al IPS por una deuda de USD 4 millones, por un préstamo adquirido por Pedro García Soriano para la construcción. Tras un largo proceso judicial el IPS obtuvo el 60% del inmueble y demandas de Harim Abiff por tercerización de alquiler, que acumulan deudas por alquiler a favor del IPS.
Sobre la explotación de este mismo inmueble se encuentra una demanda contra el IPS por la rescisión del contrato interpuesta por la firma Ecoservice Group, que demandó al instituto por G. 2.100 millones.
Deuda por alquileres
G. 19.594.574.508
Lo que recibió por alquileres en 2022
G. 9.413.393.427
Irregular exoneración de G. 15.000 millones en canon
El Paseo Los Árboles, edificado en el predio del IPS en San Martín entre Moisés Bertoni y Sucre, presenta varias irregularidades en una sucesión de adendas que beneficiaron al arrendatario Karim Gulamabbas R. Damani, con la exoneración del pago del alquiler por 93 meses. Con las resoluciones del consejo, la previsional dejaría de percibir unos G. 15.000 millones por un alquiler fijado en G. 162 millones.
Sobre el contrato se realizó además la extensión irregular del contrato vía adenda de 20 a 25 años. Con las modificaciones el locatario pagará el alquiler por primera vez recién en el 2026 con un 50% de descuento, beneficio que tiene por 24 meses. Y recién en el 2028 pagará el 100% del canon del alquiler hasta el 2043. Es decir, de 25 años de contrato, si no surge una adenda nueva, pagará solo 17 años de alquiler.
Para los cambios, el arrendatario alegó una ejecución del 98% de las obras comprometidas como inversión prometida con una inversión de USD 6 millones.
La institución también dejó de percibir el derecho del 10% de subarriendo por los locales. Igualmente, los arrendatarios deben por este concepto G. 92.571.428. Ya que nunca cumplieron con el canon de 10% por el subarrendamiento.
A fuerza de adenda. En adendas, el IPS fue cediendo sus beneficios que dejaron sin efecto el ingreso del 10% por los alquileres por salones del paseo estipulado en el contrato. Según análisis de asesoría jurídica del instituto, el contrato con Karim Gulamabbas R. Damani, realizado el 18 de diciembre de 2018 con entrega efectiva en el 2020, por 20 años, incluía una inversión de G. 55.182 millones, sufrió 4 adendas, que fueron brindando herramientas a Damani por sobre las ganancias.
En una primera adenda por problemas para la aprobación del proyecto por pagos a la Municipalidad, aún cuando el contrato establecía que la obligación era del arrendatario, el IPS le dio meses de gracia al locatario pasando de 9 meses de exoneración a 38, además se hizo cargo del pago de los impuestos que no debía dándole a Los Árboles otros 5 meses de gracia para no pagar el alquiler, en compensación.
Pasaron también de 20 años a 25 años, cuando el contrato dice que la extensión solo se puede hacer después de transcurrido el tiempo del contrato; es decir, en 2040.
En otra adenda en pandemia se le concedió al locatario unos 18 meses de exoneración de pago del 100%. Más 24 meses de pago del 50%.
En la última adenda, la cuarta, se estableció la exoneración del canon por 36 meses hasta julio de 2026. Un descuento del 50% por 24 meses desde agosto de 2026, canon normal desde 2028 a 2043 y levantar la obligación del pago del 10% por subarrendar los locales.
Se piden sanciones. El documento de Asesoría Jurídica con base en una auditoría externa sugiere elevar el caso y dar sumario a miembros del consejo, el gerente administrativo, gerente financiero, director de inversiones, jefe de Departamento de Administración de inmuebles de la administración de Vicente Bataglia. Además, se hace referencia a la inviabilidad de otorgar unos 93 meses de exoneración del 100 del canon establecido por alquiler, reviendo este punto y dejando en un máximo de 72 meses.
