La campaña “Hay excusas que matan” muestra en un material audiovisual las consecuencias de un barrio indiferente a la violencia que sufría una vecina. De esta manera, el Estado se desentiende y traslada toda la responsabilidad de protección y seguridad a la comunidad que “no denuncia”.
Pero las autoridades olvidan, por ejemplo, a Rosana, quien denunció en dos ocasiones en la comisaría a su ex pareja por las agresiones que recibía, pero nadie la protegió y en mayo pasado su feminicida la apuñaló en el pecho.
Quien presentó la cuestionada campaña es justamente el ministro del Interior, Enrique Riera, quien debe velar por la seguridad interna de todos y todas en coordinación con la Policía Nacional.
De acuerdo al Ministerio del Interior, en el 2023 se registraron casi 35.000 víctimas de violencia familiar, tres veces más que en el 2015. Asimismo, hubo 45 feminicidios y como consecuencia 84 hijos quedaron huérfanos. Si bien es cierto que el papel de la comunidad es crucial, tiene una competencia complementaria respecto a las obligaciones que tienen las instituciones estatales que deben garantizar una vida sin violencia, según las normativas nacionales y los tratados internacionales.
Situación de las víctimas. Para el Consultorio Jurídico Feminista (CJF) esta campaña también fue un balde de agua fría porque conoce la realidad de las víctimas y sobre todo las barreras que le impiden acceder a medida de protección.
En su experiencia, las abogadas que conforman la articulación observan que cuando las mujeres recurren a las instituciones en busca de ayuda nadie les informa que deben acudir al Juzgado de Paz, y cuando el agresor viola la medida de alejamiento o prohibición de comunicarse con la víctima tampoco nadie les responde.
Las medidas de protección que emite el Juzgado de Paz generalmente tienen en la práctica una vigencia de 90 días y luego el agresor puede instalarse en la vivienda familiar con total impunidad.
En ocasiones se pide a las víctimas contar con un patrocinio de abogado, cuando en realidad las leyes indican que no hace falta. Y aunque sí necesitan de esta representación para tener una copia de la carpeta fiscal de su causa, no lo requiere para leer su contenido y seguir el avance de la investigación.
Los roles de la Fiscalía y de los juzgados de Paz se complementan y, sin embargo, son instituciones totalmente desconectadas y que por tanto dan una débil e incompleta atención a las víctimas. En el interior la situación es peor; los horarios de oficina son más limitados y no responden a las urgencias en los casos de violencia que ocurren cada cuatro horas en todo el país.
Pero el CJF describe un problema que atraviesa a todos los demás: las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.
Es decir, no hay una perspectiva real de derechos y mucho menos de género en el funcionamiento de las instituciones. Es más, el Estado se ocupa en satanizar y eliminar el concepto de “género” de todas sus políticas públicas.
Por ejemplo, Riera quiere mostrar con su campaña una imagen de lucha contra la violencia hacia la mujer, pero es el mismo personaje que prohibió la difusión de materiales relacionados a género en todas las instituciones educativas del país cuando se desempeñaba como ministro de Educación.
Si mínimamente el Gobierno tiene una real voluntad de erradicar la violencia hacia la mujer, debería empezar por derogar la contradictoria Resolución Riera N° 29664 del 2017.
