Andrew Nickson
Investigador
Como en muchos países con historias similares, existe una nostalgia duradera por el pasado autoritario en Paraguay. Partidarios de Stroessner, conocidos como “stronistas”, todavía se refieren a su cumpleaños el 3 de noviembre como una “fecha feliz”, cuando los fuegos artificiales iluminan el cielo en el barrio San Pablo, un suburbio pobre de Asunción que antes se llamaba barrio General Stroessner. El dicho “éramos felices y no lo sabíamos” se ha convertido en su meme y constantemente se invoca la elevada tasa de criminalidad contemporánea al servicio de esta nostalgia. Los apologistas perpetúan el mito de que no existían delitos durante la dictadura. Este supuesto idilio libre de crimen es una extraordinaria ficción. Es cierto que no existían “motochorros” –ladrones que hoy acechan las zonas urbanas pobres en motos, robando bolsos y celulares–. Antes de 1989 había pocas motos en Paraguay y casi nadie tenía un teléfono móvil. Pero investigaciones recientes han demostrado que se reportaron al menos 18.000 homicidios durante el stronato. La tasa de crecimiento económico durante la mayor parte de ese período apenas igualaba el ritmo del crecimiento demográfico. La expansión de la infraestructura física y social estaba muy limitada por una corrupción galopante en el desembolso de préstamos extranjeros. Como resultado, cuando la democratización comenzó en 1989, los indicadores de acceso a la atención primaria de salud, educación básica, agua urbana, conexiones eléctricas y telefonía fija estaban todos entre los más bajos de América Latina.
El legado de Stroessner es mucho más profundo que una mera nostalgia duradera por un pasado romántico, cuando los campesinos supuestamente podían dormir en hamacas delante de sus ranchos sin miedo a que les roben. De hecho, el régimen sentó las bases para una transformación radical de la economía política de Paraguay en cuatro aspectos fundamentales e interrelacionados: El aplastamiento de la sociedad civil y el Estado de derecho mediante la represión preventiva, el establecimiento por parte del Partido Colorado de una autocracia electa, la penetración de grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico y la hegemonía brasileña sobre una economía extractivista.
UNA SOCIEDAD CIVIL CERCENADA
El primer gran legado del régimen de Stroessner es una débil sociedad civil y la ausencia del Estado de derecho, productos de una sofisticada estrategia de represión preventiva. El Estado autocrático siempre respondió con una fuerza abrumadoramente desproporcionada a la más mínima amenaza percibida. A menudo, la amenaza era inexistente o tremendamente exagerada. La represión estuvo a cargo principalmente de la Policía y solo en raras ocasiones involucraba a las Fuerzas Armadas. Al detener a las personas, torturándolas y liberándolas rápidamente, el régimen logró difundir un miedo colectivo. Unas 60 ejecuciones extrajudiciales y 336 desapariciones forzadas fueron denunciadas ante la Comisión de la Verdad y Justicia (CVJ), según su informe final publicado en 2008. Estos son números relativamente reducidos en términos per cápita en comparación con los regímenes militares en Argentina, Chile y Uruguay. Sin embargo, el CVJ también concluyó que el 94 por ciento de los 20.000 detenidos arbitrarios que testificaron dijeron que habían sido torturados.
El régimen neutralizó a grupos que percibía como disidentes. Casi ninguna organización no gubernamental (ONG) fue tolerada; los embrionarios existieron solo gracias a encubierto apoyo de sectores de la Iglesia Católica. Pequeñas insurgencias clandestinas fueron aniquiladas en 1959-1960 y la oposición abierta a partir de entonces era débil. El pequeño movimiento de las Ligas Agrarias Campesinas, influenciado por la Teología de la Liberación, fue rápidamente eliminado en 1976.
En marcado contraste con los otros países del Cono Sur, donde más tarde fueron encarcelados altos oficiales militares, ningún ministro de gabinete, oficial militar de alto rango ni funcionario civil de la dictadura de Stroessner jamás ha sido enjuiciado. Solo un jefe de policía y ocho agentes de policía han sido encarcelados por crímenes contra la humanidad. El último de estos fue Eusebio Torres, un ex policía torturador de 88 años, quien fue sentenciado el 5 de octubre de 2024 a 30 años de prisión. La debilidad contemporánea de la sociedad civil puede ser explicada en gran medida por la persistencia en la memoria colectiva de esta experiencia traumática.
La condena de Torres, una figura de bajo nivel en el aparato represivo, fue una excepción. De hecho, la sumisión del Poder Judicial, que sustentaba la estrategia de represión preventiva, es uno de los más nefastos legados del régimen de Stroessner. Durante todo el stronato, no había pretensión alguna de un Poder Judicial independiente. Stroessner nombró directamente a los jueces de la Corte Suprema. Todos eran miembros del Partido Colorado y asistieron a reuniones del partido, llevando su pañuelo rojo en el cuello.
Las repetidas iniciativas para reformar el Poder Judicial desde 1989 han fracasado debido a la relación arraigada entre el partido y el Estado. Cinco impresionantes Palacios de Justicia se han construido en todo el país con el fin de desconcentrar el sistema judicial. Pero lo que pasa adentro es poco diferente de lo que ocurría antes de 1989. Siguen siendo un paraíso de corrupción gracias al nexo de jueces, fiscales, políticos locales, policías y abogados. Estos mecanismos de apoyo mutuo son muy resilientes. En consecuencia, no es exagerado decir que hoy, al igual que en el pasado stronista, el Estado de derecho simplemente no existe para la gran mayoría de paraguayos de bajos ingresos.
UNA AUTOCRACIA ELECTA
El segundo legado principal del régimen de Stroessner ha sido la transformación del Partido Colorado en un vehículo para una autocracia electa. El nepotismo, el clientelismo y la corrupción se transfirieron fácilmente a la era posdictatorial.
Aunque se suele agruparlo con los regímenes militares de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, la dictadura de Stroessner antecedió a ellos y su naturaleza de ninguna manera fue semejante. Los llamados regímenes autoritario-burocráticos del Cono Sur y Brasil unieron a las Fuerzas Armadas y los tecnócratas con miras a transformar brutalmente sus respectivas economías a través de “la industrialización forzada”. En marcado contraste con estos métodos, Stroessner no prohibió a todos los partidos políticos. De lo contrario, se adhirió estrechamente al Partido Colorado, uno de los dos partidos tradicionales de Paraguay, que se remontaba a la década de 1880, y permitió que una rama dócil del principal partido opositor, Partido Liberal, participara en un proceso de fachada democrática con elecciones amañadas.
El régimen estaba estructurado en forma de una relación tripartita entre el Gobierno, las Fuerzas Armadas y el Partido Colorado. Esto se encarnó en la figura del propio Stroessner como jefe de Estado, jefe de las Fuerzas Armadas y jefe del Partido Colorado. Aunque no tenía ningún carisma, se desarrolló un humillante culto a la personalidad a su alrededor.
Cuando Stroessner tomó el poder en un golpe militar en 1954, el Partido Colorado había gobernado el país desde 1947, cuando derrotó al Partido Liberal en una guerra civil. Seguiría teniendo el control durante toda la dictadura y hasta la actualidad. El régimen transformó el partido en una eficiente estructura vertical que operaba a nivel local a través de una extensa red de “seccionales” (sucursales del partido), que llegaban hasta el nivel de cada compañía en las zonas rurales y al nivel de cada barrio en las zonas urbanas. Este aparato del partido funcionaba como un sistema de eslabones de cadena a través del cual la autoridad máxima del partido, la Junta de Gobierno, impuso listas únicas de candidatos a cargos partidistas por todo el país. El cumplimiento de las instrucciones desde arriba era un requisito primordial.
El partido logró cooptar la lealtad de una gran proporción de la población a través de mecanismos de clientelismo. Esto implicó proporcionar un rudimentario sistema de asistencia social a cambio de apoyo, así como el uso de activistas partidarios para monitorear las actividades de presuntos disidentes a nivel local. La estrategia de represión preventiva no dependió simplemente de informantes pagados (conocidos como pyragues) sino también de mecanismos encarnados en el mismo aparato del partido. Por ejemplo, a cambio de informar sobre una reunión sospechosa, un miembro del partido podría esperar obtener un beneficio ahora o en el futuro al mantenerse bien con el jefe local del partido. Dada la escasez del gasto público en servicios sociales, este beneficio podía ser el conseguir trabajo para un hijo, medicina para un pariente enfermo, dinero para pagar un ataúd o ayuda para lidiar con la burocracia estatal o el sistema judicial.
La otra cara de la moneda de esta transformación del partido era un sistema de administración pública muy débil, incluso en comparación con el resto de América Latina en ese tiempo. Las prácticas encontradas en los países vecinos, tales como iniciativas de formación de personal y una selección meritocrática, sencillamente no existían en Paraguay. En cambio, la administración pública quedó plagada con padrinazgo y nepotismo desenfrenados. En 1955, la membresía del partido se volvió obligatoria para el ingreso de cadetes a la Academia Militar. Poco después, la mayor parte de los profesionales empleados por el Estado (médicos, enfermeras, profesores, ingenieros y arquitectos) eran miembros del Partido Colorado, al igual que casi todos los funcionarios administrativos de los ministerios y las empresas estatales. Surgió una cultura de corrupción galopante, especialmente (pero no solo) a nivel de los ministros y los altos directores ministeriales.
Para entender el legado duradero del control partidista sobre el Estado, es importante señalar que no hubo una clara ruptura entre el régimen de Stroessner y la época posdictadura, tal como pasó en los otros regímenes militares de América Latina. El derrocamiento de Stroessner en febrero de 1989 no fue resultado de un levantamiento popular de la sociedad civil. Al contrario, fue realizado por el general Andrés Rodríguez, jefe del Ejército y también concuñado del dictador –el hijo de Stroessner estaba casado con su hija–. La falta de una ruptura se demostró dentro de 24 horas, cuando Rodríguez puso Stroessner en un avión rumbo a Brasil, donde permanecería en el exilio hasta su muerte en 2006.
El trasfondo de este golpe incluyó presiones externas –después de todo, aquella era la época del colapso de la Unión Soviética–. Después de décadas de apoyo al anticomunista Stroessner y regímenes similares durante la Guerra Fría, Estados Unidos intentó democratizar América Latina, incluido Paraguay. De acuerdo a lo que entonces era el pensamiento predominante en el State Department, la transición democrática debería enfatizar, sobre todo, la celebración de elecciones, como si eso podría profundizar mágicamente la democracia y producir una sociedad civil vibrante y mejorar la gobernanza nacional. Esta fue un suposición extraordinariamente ingenua que sustentaba el llamado “Consenso de Washington” y Paraguay proporciona un ejemplo clásico de su fracaso.
Con la caída de la dictadura en 1989, muchos observadores subestimaron el poder del Partido Colorado y predijeron erróneamente su rápida decadencia. Por el contrario, su control profundamente arraigado sobre el Estado se hizo aún más fuerte en la época democrática, dando origen al actual sistema de autocracia electoral. El número de seccionales a lo largo del país pasó de 236 en 1989 a 387 en 2019. Hoy en día, el partido ofrece becas universitarias y organiza ferias de empleo en colaboración con el sector privado, sin dejar de seguir manteniendo un estricto control de la administración pública. Se estima que el 85 por ciento de los 406.000 empleados públicos del país están afiliados al Partido Colorado, al igual que el 70 por ciento de los funcionarios de la administración judicial. Esto representa un nivel de control partidista sobre el sector público desconocido en el resto de América Latina, con la excepción de Cuba.
Tres instituciones estatales para promover la buena gobernanza –la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Superior de Justicia Electoral– fueron creadas con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) y la Unión Europea. Sin embargo, las tres han sido profundamente penetradas por la cultura del clientelismo, el nepotismo y corrupción heredada del stronato, reflejando así el fuerte control partidista del Estado que fue, a la vez, una característica y un legado del régimen autoritario.
LA CORRUPCIÓN ENDÉMICA
El tercer legado importante del régimen de Stroessner fue el aumento de crimen organizado relacionado con narcóticos. Los mecanismos institucionales que permitieron su florecimiento se habían asentado en los primeros años del régimen. La corrupción desenfrenada, que involucraba a políticos, jueces, abogados y líderes del Partido Colorado, se convirtió en el caldo de cultivo para todo tipo de actividades transfronterizas ilícitas, así, facilitando su crecimiento durante y después del stronato. El contrabando era endémico, abarcando una amplia gama de productos, desde cigarrillos y whisky en los primeros años hasta heroína, automóviles robados y, más recientemente, armas cortas.
Los mecanismos institucionales para el comercio ilícito fueron instalados al nivel más alto de la sociedad. En una de las pocas entrevistas con un periodista extranjero, Stroessner refirió al comercio de contrabando como “el precio de la paz”, un reconocimiento tácito de que los principales miembros de las Fuerzas Armadas y ministros de su propio gabinete civil estuvieron involucrados en estas actividades.
Andrés Rodríguez, el general que encabezó el derrocamiento de Stroessner, había estado profundamente involucrado durante mucho tiempo en el contrabando de narcóticos y el lavado de dinero. Durante muchos años, el Gobierno de Estados Unidos lo había declarado “persona non grata”, pero a mediados de 1988, seis meses antes del golpe, de repente se le concedió inmunidad procesal. A partir de entonces, él pudo forjar sólidas relaciones con Washington y, al postularse como candidato del Partido Colorado, en mayo de 1989, fue elegido como el primer presidente posdictatorial de Paraguay.
Podemos rastrear las consecuencias hasta la actualidad de estos mecanismos para la preservación de un régimen basado en el crimen organizado. Hoy en día, Paraguay es el mayor productor de marihuana en América del Sur y una importante ruta de tránsito para cocaína desde los países andinos a los mercados de todo el mundo. Algunas de las mayores incautaciones de cocaína en puertos europeos de los últimos años tienen su origen en Paraguay. El contrabando de armas y la trata de personas siguen muy extendidos. El país fue clasificado como el cuarto con mayor nivel de criminalidad en el mundo en el Índice Mundial de Crimen Organizado de 2023.
La región del Paraguay donde el contrabando fue más profundamente arraigado durante el stronato se centró en la ciudad en el extremo oriente que antes se llamaba Puerto Presidente Stroessner y pasó a llamarse Ciudad Del Este en 1989. Hoy es donde todavía se concentra gran parte de esta actividad ilícita. Pero el comercio ilícito ha florecido y se ha extendido y grupos del crimen organizado ahora dominan la vida cotidiana en grandes zonas del país. Si bien antes los clanes narcóticos financiaban las campañas de políticos en deuda con ellos, en la actualidad ellos mismos son elegidos para cargos políticos a nivel municipal, departamental y hasta nacional.
El ejemplo más claro de esta nueva tendencia es Horacio Cartes, quien fue presidente de Paraguay de 2013 a 2018. En julio de 2022, el State Department de Estados Unidos lo declaró “significativamente corrupto”, acusándolo de lavado de dinero, crimen organizado y vínculos con el terrorismo internacional. Cartes personifica el vínculo entre la corrupción durante y después del régimen de Stroessner. Su fortuna se remonta a mediados de los años 1980, cuando desapareció durante cuatro años luego de un escándalo en el Banco Central. Durante este tiempo se cree que fue protegido en una remota estancia por un importante narcotraficante brasileño.
Cuando Cartes volvió a aparecer poco después del derrocamiento de Stroessner, había amasado una fortuna considerable. Lo invirtió en la banca, la ganadería y otras industrias. Comenzó a fabricar cigarrillos en la frontera oriental. Su empresa, TABESA, es hoy la principal fuente de cigarrillos de contrabando en Brasil y el resto de América Latina y el Caribe. Es ahora el hombre más rico de Paraguay y el mentor del actual presidente, Santiago Peña, quien asumió el cargo en agosto de 2023.
LA HEGEMONÍA BRASILEÑA
El cuarto gran legado del régimen de Stroessner es la relación extremadamente desigual con Brasil. Históricamente, sucesivos gobiernos paraguayos habían intentado contraponer a sus dos grandes vecinos en beneficio del propio país. Aun así, desde 1904 Argentina siempre ejercía más influencia sobre el Estado paraguayo. Pero durante la década de 1940, comenzó un acercamiento con Brasil. Stroessner estudió en el Colegio del Ejército brasileño en Río de Janeiro en 1943 y después de su llegada al poder en 1954 hubo un cambio dramático en la política exterior hacia Brasil.
El factor clave fue la construcción de la represa de Itaipú en la frontera entre los dos países. Con una capacidad instalada de 14.000 megavatios, hasta ahora produce más energía eléctrica que la planta de las Tres Gargantas en China. El Tratado de Itaipú fue firmado en 1973 por Stroessner y el gobierno militar de Brasil. Los detalles de la negociación siguen siendo el secreto mejor guardado de Paraguay, pero es evidente que el régimen de Stroessner tiene la responsabilidad histórica de haber establecido una relación geopolítica dañina a los intereses del país.
La energía producida por la planta se repartió a partes iguales entre Brasil y Paraguay, pero cualquier excedente de energía no consumido por cualquiera de las dos partes tenía que pasarse al otro país –o sea, no se podía vender el excedente a un tercer país–. Durante décadas, Paraguay consumió una fracción de su mitad de la energía, recibiendo de Brasil magros “pagos de compensación”, muy por debajo del precio de electricidad en el mercado regional. El investigador paraguayo Miguel Carter ha calculado que entre 1985 a 2021 Paraguay sufrió una enorme pérdida de más de US$77.000 millones en ingresos fiscales por regalías debido a esta enorme subvaloración.
Además, los términos del tratado no podían ser renegociados por 50 años. El economista norteamericano Jeffrey Sachs, encargado por el Gobierno paraguayo para realizar un estudio del tratado, concluyó que, cuando las ventas a precios bajísimos de su excedente de energía a Brasil fueron tenidas en cuenta, Paraguay había cubierto hacía mucho tiempo su obligación con la deuda por la construcción de Itaipú. Sachs presentó su informe en noviembre de 2013 al entonces presidente Cartes, quien simplemente lo archivó.
Cuando el tratado venció, el 13 de agosto de 2023, existía la esperanza de que la renegociación podría permitir a Paraguay mejorar sus perspectivas de desarrollo a través de un precio mucho más alto por la venta de su excedente energético a Brasil y a terceros países, así, permitiéndole poner en marcha una estrategia de industrialización basada en “energía verde”. Pero las negociaciones se han estancado, mientras Brasil busca mantener la relación tremendamente desigual.
Itaipú sigue siendo de gran importancia estratégica para Brasil, al proveer el 11 por ciento de toda electricidad consumida en el país.
Paralelamente, con la construcción de Itaipú, el creciente control brasileño sobre grandes extensiones de Paraguay aceleró un viraje hacia un “protectorado” de facto. El régimen de Stroessner eliminó una ley que prohibía a los extranjeros comprar tierras dentro de una franja de 150 kilómetros de la frontera nacional, facilitando la inmigración de granjeros comerciales brasileños. Bajo el cínico disfraz de “reforma agraria”, a partir de la década de 1970 ocho millones de hectáreas de bosque virgen fueron entregadas a militares y civiles de alto rango del régimen a precios irrisorios. La mayor parte de estas tierras fue revendida a empresas inmobiliarias y agroganaderos brasileños, que también aumentaron sus propiedades mediante la compra de títulos de propiedad provisionales de pequeños y medianos colonos paraguayos. Hoy en día, las empresas brasileñas de agronegocio poseen 55–60 por ciento de todo el territorio en los departamentos paraguayos fronterizos de Alto Paraná y Canindeyú. La producción de soja cubre un enorme 24 por ciento de la totalidad de la superficie de la Región Oriental de Paraguay.
El proceso migratorio creó otro importante legado del régimen de Stroessner, a saber, la creciente presencia en el país de los llamados “brasiguayos”, los hijos de los brasileños inmigrantes. En su conjunto, producen el 95 por ciento de toda la soja cultivada en Paraguay, al transformar el país en el tercer exportador mundial. El abrumador predominio de este importante rubro de exportación por parte de una comunidad que no está muy integrada en la sociedad paraguaya es una potencial bomba de tiempo. Si fuera a surgir un conflicto por la renegociación del Tratado de Itaipú y Paraguay lo llevara a la Corte Internacional de Justicia, es muy posible que Brasil pueda considerar a esta comunidad como una “quinta columna” para la protección de sus intereses geopolíticos para mantener a Itaipú como fuente estratégicamente importante de hidroelectricidad.
Una consecuencia importante de esta relación fundamentalmente dependiente con Brasil ha sido la ausencia de un proceso de industrialización en Paraguay. Durante la construcción de la planta de Itaipú, uno de los proyectos de obras públicas más grandes del mundo en el década de 1970, el régimen de Stroessner no hizo ningún intento de utilizar la oportunidad para establecer una industria pesada. Casi nada del cemento y el acero para la estructura fue producido en Paraguay. A Brasil no le conviene la industrialización paraguaya, porque requeriría una mayor proporción de la energía de Itaipú, dejando menos excedente para regalar a Brasil a un precio tirado.
AGARRE DURADERO
El tiempo transcurrido desde que Stroessner fue derrocado en 1989 supera ahora las casi tres décadas y media en que gobernó Paraguay. Más del 60 por ciento de la población actual del país nació después de su caída. Sin embargo, el legado del régimen sigue fuertemente tangible y muchos de sus aspectos negativos todavía no se han abordado. La fuerza tan duradera de este legado no solo se debe, en parte, a la ausencia de una ruptura clara en 1989, sino también al sistema educativo de tan mala calidad. Esto último ha cambiado muy poco en los últimos 35 años y muchos docentes siguen designados principalmente por ser miembros del Partido Colorado. En el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la OECD en 2022, el desempeño de estudiantes paraguayos fue el peor de Sudamérica. En matemáticas, Paraguay ocupó el segundo lugar más bajo de los 81 países participantes, después de Camboya. Este descuido educativo ha reforzado la debilidad de una sociedad civil incapaz de desafiar las estructuras arraigadas de desigualdad e injusticia.
Hoy el Partido Colorado es probablemente el partido político más fuerte en América Latina. Para las elecciones internas de diciembre de 2023, en las que Peña ganó la candidatura presidencial y su mentor Cartes fue elegido presidente del partido, había unos 2,6 millones de afiliados en el padrón del partido, sobre una población total de tan solo 6,1 millones de personas. En abril de 2023, el partido ganó una vez más la presidencia, confirmando su férreo control del sistema político. Este control ha continuado casi ininterrumpidamente desde 1947 para un total de 71 de los últimos 76 años: El reinado más largo en América Latina, después de la caída del Partido Revolucionario Institucional de México en 2000.
Peña ganó la presidencia con el 43 por ciento de los votos contra el 27,5 por ciento del candidato del Partido Liberal Radical Auténtico. Esto fue el mayor margen de victoria en las elecciones en la era posterior a 1989. El partido obtuvo la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, además de 15 de las 17 gobernaciones departamentales y el 62 por ciento de los escaños en las juntas departamentales. El Partido Colorado sigue siendo una máquina política inmensamente poderosa.
No es un partido programático, sino profundamente conservador, plagado de clientelismo, nepotismo y corrupción. No hay ninguna presión interna discernible para reformar y el poder del partido sigue siendo el legado central del régimen de Stroessner.
Sin embargo, sería un craso error sacar la conclusión de que la durabilidad del Partido Colorado es simplemente producto de una cultura política tradicional en la que prevalecen los lazos afectivos. Esto es solo una parte de la ecuación. Paraguay ha experimentado enormes cambios económicos desde 1989 como consecuencia de la inmigración descontrolada de los 300.000 brasiguayos. Estos “colonos” han transformado la economía rural, catapultando a Paraguay a la posición del tercer mayor exportador mundial de soja y uno de los diez mayores exportadores de carne, además de creciente exportaciones de arroz, maíz y azúcar orgánico. Pero este gran aumento en la agroindustria no ha estado acompañado de importantes cambios sociales, debido a su mínimo engranaje con los otros sectores económicos. En esta economía dual, el Estado desempeña un papel importante como amortiguador político. A cambio de la preservación de la enorme desigualdad de ingresos, riqueza y tierra, la élite económica y su socio menor, el Partido Colorado, siguen tolerando la corrupción endémica y la ineficiencia en un sector público sobredimensionado, una versión actualizada del “precio de la paz” de Stroessner. A pesar de innumerables estudios del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, ningún gobierno colorado desde 1989 ha intentado reformar la administración pública, y su conformidad con la dominación del sector agroindustrial dice montones. Al contrario, la reforma sigue siendo tabú. Este acuerdo tácito entre el liderazgo político del Partido Colorado y una poderosa élite económica asegura tanto la persistencia de una sociedad tremendamente desigual como la dominación política de un partido que defiende a ultranza el modelo extractivista.
Estas élites políticas y económicas mantienen relaciones cordiales y no interfieren entre sí. Este poderoso nexo en la economía política del país es crucial para entender una situación extraordinaria y aparentemente contradictoria: Por un lado, el Partido Colorado se jacta de tener el nivel más alto de afiliación partidaria en América Latina, pero, por otro lado, la imagen que los ciudadanos tienen del Estado paraguayo es decididamente negativa. Según una encuesta realizada por Latinobarómetro en 2021, solo el cinco por ciento de los paraguayos dijo creer que el Partido Colorado gobierna para el bien del pueblo, mientras que el 93 por ciento creía que gobierna para el beneficio de los grupos poderosos, el porcentaje más alto de esa respuesta en América Latina.
Hasta ahora, pocos miembros de la élite económica han incursionado en la esfera política. Horacio Cartes es la gran excepción. Hoy en día es el empresario más rico de Paraguay y ejerce un enorme poder político a través de su control sobre el actual presidente de la república, Santiago Peña. Pero, dado lo que sucedió después de la caída de Alfredo Stroessner en 1989, cuando Cartes eventualmente abandone la escena política, sea por extradición a los Estados Unidos o su propia falta de voluntad para continuar financiando a la facción Honor Colorado que lleva sus iniciales, es muy probable que el Partido Colorado siga siendo un bastión del conservadurismo en América Latina durante mucho tiempo. Después de todo, su poder aún deriva de una tradición seudonacionalista profundamente arraigada que abarca más de un siglo y que fue hábilmente grabada en el cuerpo político de Paraguay por la dictadura de Stroessner.
