Las investigaciones se suceden desde el 8 de enero, cuando una turba de radicales bolsonaristas invadió y destrozó las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema, en Brasilia, en un intento de golpe de Estado contra Luiz Inácio Lula da Silva. “Un mes después seguimos firmes trabajando en defensa de la democracia, la unión y la reconstrucción del país”, afirmó ayer el mandatario en un mensaje en sus redes sociales que acompañó con un video institucional que repasa el ataque.
Las instituciones han vuelto a la normalidad, aunque en los tribunales aún queda un largo camino para resolver el rompecabezas del asalto, por el que llegaron a ser detenidas 1.843 personas, según el Ministerio de Justicia. El Supremo mantiene en prisión preventiva a 942 sospechosos. El resto responderá en libertad.
POLICÍAS Y MILITARES. En paralelo, la Policía Federal ha puesto en marcha la operación “Lesa Patria” en busca de aquellos que participaron, financiaron, se omitieron o fomentaron la invasión de los poderes. El martes lanzó la quinta fase de este operativo permanente, que en el último mes resultó en 37 allanamientos y 20 detenidos, entre ellos varios policías.
Rafael Alcadipani, profesor e investigador en asuntos de seguridad de la Fundación Getúlio Vargas (FGV), considera que aún sobrevuela la duda de si la Policía Militar, órgano dependiente de cada estado brasileño, puede preservar el orden, la ley y la democracia.
“Lo que vivimos fue una omisión inaceptable de la Policía Militar que está muy contaminada por la ideología bolsonarista. Creo que no se está haciendo nada para cambiar esa situación”, alertó el especialista. La actuación de determinados sectores de las Fuerzas Armadas y su posible connivencia con los golpistas, según dijo el propio Lula, es otra de las incógnitas por descifrar.
La Fiscalía General de la República ha presentado hasta el momento 653 denuncias, ninguna de ellas contra integrantes de las FFAA.
El Ministerio Público Militar abrió ocho investigaciones preliminares sobre la participación de oficiales en los actos del 8 de enero, sin denuncias aún de por medio.
Lula prometió castigar a todos los responsables, sin importar la patente, mientras intenta despolitizar los cuarteles y extirpar el bolsonarismo asumido por ciertos sectores castrenses. Y empezó esa cruzada con toda una muestra de autoridad al destituir, el 21 de enero, al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda. El ministro de Defensa, José Múcio, explicó que se tomó esa decisión en virtud de una fractura de la confianza con la cúpula militar. Por parte de las Fuerzas Armadas, silencio absoluto.
El otro gran interrogante es Bolsonaro, quien continúa en EEUU, adonde viajó el 30 de diciembre, 2 días antes de terminar su mandato, sin previsión de vuelta a Brasil. El capitán retirado a intentado desmarcarse de los golpistas, mientras las autoridades brasileñas estrechaban el cerco sobre él.