La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) denunció hace unos días ante la Fiscalía los resultados del operativo denominado Facturación 2.
Mediante este operativo, la Administración Tributaria detectó un nuevo esquema de utilización masiva de facturas falsas por valor de USD 25 millones, involucrando a 1 superproveedor, otras 16 grandes empresas y 100 pequeñas compañías, que habrían emitido más de 1.600 comprobantes apócrifos.
Lo sorprendente de este descubrimiento no es precisamente la utilización de facturas falsas, sino que estas mismas facturas habrían sido utilizadas por 17 municipalidades y 1 gobernación. Se trata de los municipios de San Roque González, Ypacaraí, Mbuyapey, General Patricio Escobar, Mbocayaty del Yhaguy, Yaguarón, Villeta, Tebicuarymí, Santa Rosa (Misiones), San Alberto, Pirayú, Juan de Mena, Jesús de Tavarangue, Guarambaré, Itauguá, Isla Pucú y Fernando de la Mora. Por su parte, la Gobernación afectada es la de Cordillera.
La investigación de la SET señala que estas entidades públicas descentralizadas habrían utilizado facturas falsas por más de USD 8 millones para justificar ciertos gastos. Como el superproveedor de estas instituciones se dedica al rubro de la construcción, pero no fueron adquiridos un solo ladrillo ni se contrató a un solo obrero, la sospecha apunta a que las facturas falsas se usaron para justificar obras que nunca se hicieron.
El caso tiene particularidades que generan muchas incógnitas. Según se supo, un limpiavidrios, un albañil y hasta docentes habrían facturado miles de millones, pero su estilo de vida no condice con esos millones que supuestamente facturaron. Este último, incluso, señaló a operadores políticos del Partido Colorado como responsables por la utilización de su nombre, en un relato que causó revuelo público, pero que capaz no haya sorprendido a más de uno.
La cuestión se pone más llamativa cuando interviene la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Las estadísticas de esta entidad revelan fuertes indicios de direccionamiento a favor de la cuestionada superproveedora.
De acuerdo con esos datos, esta empresa —de nombre Consultora San Miguel y supuestamente propiedad de un ex chofer de colectivos de 80 años— participó en 89 procesos licitatorios en seis de los municipios citados un poco más arriba, de los cuales, en 81 no tuvo competencia, es decir, fue la única que presentó ofertas para ser contratada.
El caso ya está ahora en manos del Ministerio Público.
Uno de los constantes reclamos que se hacen desde el sector privado tiene que ver con la lucha contra la evasión de impuestos y la informalidad, por lo que es primordial que la Fiscalía pueda dar continuidad a la investigación encarada por el Ejecutivo y sea gestora del castigo que se merecen las personas que operan al margen de la ley. Además de ser un mensaje contra los delincuentes, sería un lavado de cara para una institución que genera solamente cuestionamientos y rechazo en la ciudadanía.
Las autoridades municipales y departamentales involucradas deben responder por esta denuncia. No solamente porque las instituciones a su cargo dependen del aporte de los contribuyentes, sino porque la gente que los votó para ocupar esos cargos lo hizo a la espera de que puedan ser articuladores de planes y programas que mejoren la calidad de vida de las comunidades.
Paraguay es un país de alta pobreza y enormes desigualdades. Si el indebido uso de los recursos públicos que deben estar orientados a combatir la exclusión y el hambre sigue quedando en la impunidad, las actuales brechas solamente terminarán agrandándose.
Es imperante que la Justicia le llegue a todos por igual y que los castigos puedan ser ejemplares para que esta clase de hechos dejen de ser grandes noticias en los medios de comunicación.