Liz Analía Acosta
@lizanaliapy
–¿Cuál es hoy el principal desafío en la Unidad de Violencia Familiar?
–La cantidad de denuncias que ingresan siempre van en aumento, a medida que pasan los años. El año pasado cerramos con más de 5.000 causas solo en Asunción y actualmente en Asunción estamos teniendo 416 causas en lo que va del mes.
El manejo de una investigación en materia de violencia familiar es muy distinto al manejo de cualquier otro. ¿En qué sentido? Porque, si bien tenemos la denuncia de la víctima, no nos podemos quedar solamente con eso, tenemos que, en principio, buscarle a la víctima o al denunciante y muchas veces nos encontramos con la primera barrera, cuando al día siguiente tiene que hacer su denuncia o pasar por Fiscalía y no pasa, le llamás, le hacés buscar por personal policial y nadie sale a atender, hasta que das con la persona; otras veces, no.
–¿Por qué desaparece para esa primera declaración?
–Hay muchos factores. Desde un factor de miedo, dependencia económica y muchas veces también en ocasiones se maximizan situaciones que en realidad no ocurrieron y dicen: “Hice eso para darle miedo”. Entonces, la gente tiene que dimensionar que al hacer una denuncia hay mucha responsabilidad detrás.
Hacer una denuncia implica que ingrese una causa en el sistema penal y hacer una serie de diligencias investigativas que ameritan tener los recursos suficientes.
Como dije, el primer punto es encontrar a la víctima. Si hubo una agresión física, hacer un diagnóstico médico, tomarle fotografías, ver si se quiere someter a una evaluación psicológica o socioambiental; entonces, hay que respetar desde la perspectiva de investigación también lo que quiere la víctima, no sin entorpecer una investigación.
–¿Cuál es la recomendación del Ministerio Público para las denuncias donde no configura violencia?
–Muchas veces el denunciante concurre ante el Ministerio Público no necesariamente porque quiere algún tipo de sanción para el denunciado, sino medidas de protección. Eso tiene un tinte más bien preventivo, de protección, y el Ministerio Público es represivo.
Es el Juzgado de Paz actualmente la autoridad que dispone esas medidas de protección para la víctima y ahí hay que trabajar en conjunto con la Policía Nacional. Porque, una vez que salen esas medidas y se le comunica a la comisaría jurisdiccional, necesariamente hay que articular los mecanismos para evitar eventuales feminicidios.
Es clave ahí articular con la Policía Nacional. Y, un ejemplo, salen las medidas de protección, y se comunica a la comisaría del lugar donde vive la víctima. ¿Qué pasa si la persona va a otro lugar fuera de esa jurisdicción y es atacada por el agresor? (Las medidas de protección) tiene que ser transversal, a nivel nacional, así como nosotros, cuando fiscales disponemos la orden de detención, eso se comunica a la Comandancia Nacional.
Creo que las medidas de protección deberían también de comunicarse a la Comandancia, para que esto tenga conocimiento toda la Policía Nacional, a nivel territorial.
–¿Cuál es la realidad del Ministerio Público en cuanto a recursos para hacer frente a la alta demanda de causas?
–Tenemos recursos. Quizás nos gustaría tener algo más en cuanto a nivel material como humano. Sé de hecho que el fiscal general ha solicitado la ampliación presupuestaria para poder contratar más personal, más técnicos, pero el Congreso no nos amplió en ese aspecto.
Seguimos trabajando con el mismo presupuesto del año anterior. La unidad, por ejemplo, tiene tres sicólogas para atender los casos de violencia en Asunción, que obviamente no dan abasto y podríamos tener más personal técnico, más profesional forense que nos permita avanzar más rápido con las investigaciones, más cuando se tratan de violencia sicológica.
–¿Cómo se trabaja con esos recursos limitados?
–Las primeras entrevistas, por ejemplo, hacemos bajo la figura del agendamiento y cuando ves a tu víctima en situación de crisis y necesita contención, de manera inmediata se hace la contención, no se espera nada.
Incluso trabajamos con el Ministerio de la Mujer, que tienen un departamento que dan las primeras contenciones a víctimas. Tienen también su albergue para que la víctima, en el caso de que, eventualmente, quieran salir de la casa y no tenga adonde ir con los hijos, pueda quedarse.
–¿Falta más apoyo de la clase política, y quizás internacional o qué estaría faltando?
–A nivel institucional, nos sentimos apoyados por el fiscal general, con la creación de dos unidades más. Para nosotros es relevante por el gran volumen de causas que van ingresando. Sí, a nivel internacional quizás se podría dar un mejor apoyo. Con lo que tenemos, estamos trabajando, estamos haciendo hasta lo imposible muchas veces y tratamos de dar respuesta. Queremos dar respuesta, tenemos toda la predisposición.
Es una unidad que realmente si se potencia, si se apoya, puede ser un buen referente en materia de violencia familiar.
–Para el 2025, ¿Qué desafíos se vienen?
–El desafío es seguir trabajando en conjunto y más en casos que se dan mucho, como el tema de la drogadicción. Tenemos una problemática a nivel nacional, de adictos denunciados por sus familiares por violencia familiar.
La mayoría de las denuncias por violencia familiar es porque sustraen objetos de valor para poder comprarse la droga, llegan a amenazar, insultar o agredir físicamente y los familiares muchas veces recurren a la Fiscalía con la intención de buscar ayuda para su familiar.
Te dicen, “quiero que se vaya adentro, quiero que vaya a la cárcel”, pero la cárcel no es lugar para gente adicta, no es el lugar donde va a salir de la drogadicción.
Faltan lugares donde estas personas pueden ser internadas, falta apoyo del Estado para que los adictos vayan a lugares donde tengan que internarse y no someterse a un proceso penal, no someterse a una entrada a la cárcel, ese no es un lugar de tratamiento.
La ciudadanía también tiene que entender que la Fiscalía no puede meter gente enferma, gente adicta, a lugares de reclusión, porque ahí estamos fallando todos, falla el Estado, porque no da la respuesta que la gente necesita.
Hay una falla del Estado, no de los órganos de persecución penal, (sino) del Estado preventivo, porque tiene que haber lugares que se deben encargar de acompañar a estos jóvenes, principalmente porque son jóvenes los denunciados, jóvenes a los que el Estado les está fallando.
