Mientras el Gobierno y el sector empresarial celebran los picos históricos de exportación de carne y soja, los sectores más vulnerables del país se ven obligados a movilizarse en reclamo de un presupuesto para al menos “tapar el vare’a” en medio de una pandemia, en la que se van recuperando de a poco las actividades económicas afectadas, pero cuyo impacto sin dudas se prolongará por mucho más tiempo en la clase empobrecida.
La pérdida de empleos o la agudización de la precarización laboral se extendieron sobre todo a los trabajadores y trabajadoras informales, entre los cuales se encuentran los y las bañadenses, que contradictoriamente a su situación, encuentran los precios de alimentos inaccesibles. En este contexto de crisis sanitaria y económica fueron las mujeres las que desde un inicio activaron las ollas populares en los barrios golpeados históricamente por la desigualdad, observada fácilmente en el crecimiento del centro de Asunción en detrimento de los ciudadanos y ciudadanas que se vieron forzadas a migrar a las zonas inundables, donde también fueron asentándose familias indígenas y campesinas que dejaron sus comunidades por la expansión de la economía de mercado.
A la desigualdad se suman otras formas de opresión como la discriminación, que junto a los estereotipos sirven de instrumento de selectividad para la criminalización orquestada desde el Estado. El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, explica así cómo operan los estados para introducir las contradicciones en los barrios pobres y evitar en consecuencia su articulación para exigir el cumplimiento de sus derechos.
En cuanto a la activación de las ollas populares, hay experiencias anteriores, ya que también sirvieron para asistir en las épocas de inundaciones. En la pandemia, en un principio los insumos fueron cubiertos mediante donaciones anónimas y la ayuda de otras organizaciones, pero tras manifestaciones en busca de un sustento fijo durante la pandemia y entendiendo que es responsabilidad del Estado garantizar los derechos básicos, las ollas populares consiguieron la promulgación de la Ley 6603 en octubre del 2020. Sin embargo una de las instituciones administradoras, es decir, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), agotó en julio pasado los G. 15.000 millones destinados para la compra de carne y verduras.
Ante los intentos desacreditar a estas organizaciones comunitarias instalando dudas sobre el uso de los recursos, es necesario aclarar que estos espacios reciben en realidad los ingredientes y que el dinero lo maneja la SEN, que sí debería rendir cuenta de manera detallada sobre sus gastos.
Desde la Red de Ollas Populares, Kimberly Samaniego cuenta que la institución entregaba 2 kilos de carne y siete tomates para el almuerzo de 100 personas, lo que implicaba un gran ingenio de las olleras, cuya consigna es sobrevivir al hambre, mientras que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la que Paraguay es miembro desde hace más de 70 años, promueve el acceso a alimentos asequibles y nutritivos.
Actualmente ninguno de los requisitos se cumple para las poblaciones vulnerables. El monitoreo de la Secretaría de Defensa del Consumidor por ejemplo muestra que la carne de primera calidad subió hasta 44,5% en la última semana de agosto en comparación al mismo periodo del año pasado, los lácteos se incrementaron hasta casi 20%, mientras que las frutas y verduras también se encarecieron, aunque en menor proporción.
En ese sentido es imperativo el veto parcial del Ejecutivo para volver a incluir en la ley de Consolidación Económica y Contención Social un presupuesto para las ollas populares de manera urgente, mientras que las instituciones deberían analizar y de forma participativa en una verdadera solución estructural que apunte las necesidades integrales de los y las bañadenses.
