Víctor Bogado fue encontrado culpable del delito de cobro indebido de honorarios e inocente del delito de estafa. Más allá de los argumentos a favor y en contra de la sentencia del tribunal, el fallo es histórico y aún es pronto para saber hasta dónde llegarán sus repercusiones. Ahora el Senado deberá debatir si lo expulsa o no del Congreso. El debate se dará en una coyuntura complicada, en la cual el Poder Legislativo es cada día más impopular y la paciencia ciudadana cada día menor.
Para entender la magnitud del fallo es clave saber que Víctor Bogado no es cualquier senador. Su caso, popularmente conocido como el de la niñera de oro, es el más emblemático entre todos los procesos a parlamentarios que hubo en los últimos años. De modesto ordenanza de la Antelco, a gremialista, a director de la Conatel, a diputado por Asunción, a presidente de la Cámara Baja y, finalmente, a senador. Su meteórica carrera estuvo acompañada de escándalos. Fue imputado por supuestos negociados en su gestión en Conatel y muchos años después terminó sobreseído por una Justicia en ese entonces aún más sumisa al poder político. Lo más recordado de su gestión al frente de la Cámara Baja fue cuando lo sorprendieron apagando las luces para suspender una sesión.
Como con ningún otro parlamentario, la ciudadanía concentró en él su indignación ante la impunidad de los poderosos. En el 2013 fue nuevamente imputado, esta vez por presuntamente haber utilizado sus influencias para que una cercana suya cobre dos sueldos del Estado de forma ilícita. Aún inconscientes del nivel de hartazgo ciudadano, sus colegas primero rechazaron su desafuero. Fue la gota que colmó el vaso: En noviembre de ese año masivas manifestaciones consiguieron que el Senado no tenga otra opción que desaforarlo. Así se llegó al proceso y a esta reciente condena.
Hoy, el senador Bogado se enfrenta a la posibilidad de ser el cuarto parlamentario de este periodo en abandonar el cargo por un escándalo de corrupción. Sus ex colegas Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto salieron tras el escándalo de audios del Jurado de Enjuiciamiento. El primero fue destituido por el pleno y el segundo renunció antes de correr la misma suerte. Luego José María Ibáñez tuvo que renunciar a su banca, arrinconado por la indignación popular.
La situación de Bogado es diferente, y desde un punto de vista netamente jurídico, peor: él ya tiene una condena en contra y la Constitución establece como causal para la pérdida de la investidura “el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”.
Lo que ahora decidan los senadores con relación a Bogado marcará el futuro de otros seis legisladores procesados por presuntos casos de corrupción: Tomás Rivas, Carlos Portillo, Teófilo Espínola, Enrique Salyn Buzarquis, Enzo Cardozo y Milciades Duré. Otro grupo más numeroso de parlamentarios denunciados e investigados por el Ministerio Público también se expone a lo mismo: su expulsión del Congreso.
Por otro lado, el Poder Judicial está en la misma encrucijada. No hay otro sector más beneficiado con la morosidad judicial que los políticos. Casos como el de Enzo Cardozo estuvieron estancados en la Corte Suprema de Justicia desde hace varios años. El diputado Rivas consiguió postergar casi un año su desafuero mediante chicanas que fueron toleradas por la más alta instancia judicial.
La Corte ahora está en medio de un proceso de renovación, con tres nuevos ministros y más por venir en los próximos meses. El desafío más importante que deberán afrontar es el de alcanzar una verdadera independencia del poder político. Hasta tanto eso no se logre, la corrupción, el tráfico de influencias y la mora judicial seguirán siendo los denominadores comunes en los tribunales. Este es el momento oportuno para que el Poder Judicial muestre señales claras de una emancipación de la clase política.
