La agencia Fitch dio a conocer recientemente su informe sobre Paraguay, en el marco de la actualización de la nota soberana del país, que por el momento se mantiene en BB+ con perspectiva estable, a solo un pequeño paso del grado de inversión.
En su análisis, la calificadora de riesgo especifica los puntos que considera como fortalezas y debilidades, con lo cual permite inferir cuáles son los más importantes que limitan al país en su objetivo de lograr que otra agencia le reconozca como grado de inversión (Moody’s lo hizo este año) y cuáles lo mantienen cerca de la meta.
Entre las principales fortalezas, resalta que Paraguay es visto como un país con una política macroeconómica prudente, una deuda gubernamental relativamente baja y una posición de liquidez externa sólida, lo que contribuye a su resiliencia económica.
Además, el país ha mostrado un crecimiento estable, proyectado en 4,5% para 2024, y se considera que la inversión en proyectos estratégicos, como la planta de celulosa Paracel y el proyecto de fertilizantes Atome, refuerza la diversificación económica.
Sin embargo, Paraguay enfrenta limitaciones como indicadores de gobernanza débiles, una base tributaria reducida y vulnerabilidades ante shocks climáticos, que podrían impactar negativamente en su economía y presionar sus métricas fiscales.
Específicamente y con base en los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, cita que el país posee “un nivel moderado de derechos para la participación en el proceso político, una capacidad institucional débil, un Estado de Derecho débil y un alto nivel de corrupción”.
Textualmente, se indica que históricamente las calificaciones de Paraguay “se ven limitadas por indicadores de gobernanza débiles, una base de ingresos baja, un mercado de capitales local poco profundo que limita la flexibilidad de financiamiento fiscal y la vulnerabilidad a shocks climáticos adversos”.
A su vez, a pesar de la mejora de la posición fiscal, se señala que la deuda gubernamental ha crecido considerablemente durante los últimos años, aunque sigue siendo considerada baja en comparación con la mediana de países con calificación ‘BB’.
Dicho todo esto, Fitch detalla cuáles son los procesos que pueden incidir en una eventual mejora de la calificación de Paraguay en el futuro, o que pueden llevar a nuestro país a alejarse del grado de inversión en las próximas evaluaciones.
Entre los factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una calificación más baja aparecen las finanzas públicas y los desafíos macro. En el primer ámbito, se habla de las posibles dificultades que puedan surgir para estabilizar la deuda/PIB; mientras que en el segundo, se sostiene que la materialización de más shocks, como un evento climático adverso, que reduzcan el crecimiento, y afecten las métricas fiscales y externas, puede ser influyente.
Por otro lado, también se aclaran los puntos que pueden ayudar a lograr el grado de inversión. Específicamente, la ampliación de la base de ingresos y la reducción de la deuda/PIB para fortalecer la flexibilidad fiscal, junto al desarrollo del mercado de capitales local y/o acumulación de colchones de ahorro fiscal que mejoren la flexibilidad financiera.
De forma adicional, un mayor crecimiento económico (sin arriesgar la estabilidad macroeconómica) puede ser relevante, si es que aumenta las perspectivas de convergencia del PIB per cápita hacia niveles de países de bonos soberanos con calificaciones más altas, o la evidencia de diversificación económica que reduce la exposición a eventos climáticos extremos.
En el ámbito estructural, se establece que la mejora sostenida de la gobernanza a través de esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas sería otra opción para lograr el grado de inversión en las próximas evaluaciones.
Necesidad. Analistas de nuestro país señalaron que Paraguay necesita que al menos dos de las calificadoras de riesgo otorguen el “investment grade” al Paraguay, ya que de otro modo se sigue limitando la posibilidad de que los grandes fondos de inversión vuelquen los recursos que el país necesita para seguir avanzando en su desarrollo económico.
Casos de corrupción. En la misma semana que se conoció a conocer la calificación soberana de Fitch, también salió a la luz la repartija de 117 cargos nuevos en el Senado, atentando contra la Ley 1626 de la Función Pública al no cumplirse la obligatoriedad de ingresar por concurso de méritos.
Un apartado del informe que llamó mucho la atención fue la cita puntual del tema de la ley “garrote” anti-ONG, que fue objeto de amplio debate y polémica durante los últimos meses. A su vez, se habla de la lucha contra la corrupción y cómo Fitch valora el tema. El reporte indica que los esfuerzos para combatir la corrupción “son una prioridad”, con “políticas para fortalecer la Contraloría General de la República e iniciativas legislativas para crear una entidad autónoma dedicada a combatir la corrupción”. Sin embargo, el análisis detalla “que el Congreso también está considerando una reforma controvertida que aumenta la supervisión de las organizaciones no gubernamentales, lo que puede debilitar las protecciones a la libertad de asociación y expresión”. Esto motivó a que gremios empresariales y organizaciones de la sociedad civil emitan una carta abierta a Santiago Peña, presidente de la República, pidiendo el veto del proyecto de forma total y de esta manera volver a fortalecer la imagen del país ante la calificadora. El presidente anunció que analizará el polémico proyecto de ley para promulgar o no la norma.
