Diputados sesionó ayer, de forma sorpresiva, para analizar en segunda instancia el proyecto de ley que establece el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022.
La Cámara Baja decidió seguir la sugerencia de la Comisión de Presupuesto, aceptando los cambios introducidos por el Senado en primera vuelta. De esta forma, sancionó el plan de gastos.
El documento contempla un monto global de G. 96,78 billones (USD 13.842 millones), lo que es superior en G. 4,5 billones al proyecto remitido antes por el Ejecutivo, aunque menor en G. 10.000 millones a la versión primera de Diputados. La diferencia con el documento del Ejecutivo se da porque el Congreso decidió impactar en los números el pedido de duplicación del déficit hecho por el Ministerio de Hacienda dentro del articulado.
El PGN 2022 se financia en un 50% con Fuente 30, que corresponde al cobro de tasas; en un 34% con Fuente 10, impuestos; y en 16% con Fuente 20, endeudamiento. El déficit será del 3% del PIB.
RESTITUCIÓN. Aceptada la versión del Senado, se confirmó la reposición del 100% de los recursos al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI), por G. 119.000 millones, para seguir costeando programas de becas, investigación y niñez. También se devolvieron los G. 132.000 millones al Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), para financiar los Juegos Odesur.
Del mismo modo, quedó ratificado el aumento para los jueces de paz y la creación de 250 cargos para constituir nuevos juzgados; y la utilización de endeudamiento por G. 150.000 millones para reducir la carga horaria de médicos, reajustes al personal de blanco y contrataciones.
El documento sancionado, además, fue aprobado a medida de las ambiciones de los legisladores, quienes tendrán la posibilidad de contratar operadores sin concurso público y de llenarse de parientes y asesores, tras la suspensión vía articulado de lo establecido en la Ley de la Función Pública y en la Ley de Racionalización del Gasto.
Además de todo esto, en la sesión anterior en Cámara Alta, ya se había sancionado la ampliación de G. 20.000 millones al TSJE para aportes a partidos políticos, en un año de elecciones internas; el mantenimiento de los vales mensuales de combustible para diputados por valor de G. 3,5 millones para cada uno; y la ampliación de G. 12.000 millones al Senado para devolver los impopulares aumentazos a su plantel, tras la suspensión de la suba en este ejercicio.
El documento pasa ahora a manos del Ejecutivo. La semana pasada, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había agradecido al Senado por reponer los fondos al FEEI y al Fonacide. En ese mismo sentido, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, mostró su conformidad con lo aprobado en la Cámara Alta y había pedido a Diputados acompañar esta versión.