El titular del MIC volvió a defender la acción del Ejecutivo que impulsó una ley que fue sancionada para el “auxilio” a los trabajadores y cañeros de la firma azucarera, para el cual el Estado se desangró el citado monto.
El procurador general de la República, Roberto Moreno, consideró que el dinero estatal ya se perdió con el pago, pero que el objetivo es recuperarlo.
Leite dijo ayer que el problema hoy es la Justicia. “Si le hubieran entregado a los fideicomisarios, en su momento, no iba a hacer falta la ley especial”, aseveró.
Argumentó que el Estado tiene la obligación de proteger su adelanto de 15 mil millones de guaraníes. “Es por eso que pidió la quiebra, a fin de poder cobrar sus acreencias. El Estado es acreedor privilegiado”, recalcó.
DEUDA. El secretario de Estado sostuvo que la Justicia “tiene una deuda de honor con la gente de Iturbe por seguir protegiendo a empresarios fallidos”.
Cuando se le señaló que resulta injusto que el Estado utilice su dinero para pagar la deuda de una empresa quebrada, señaló que el dinero fue para la gente, no para la familia Codas Friedmann.
Insistió en que el Estado tiene condición de privilegio para recuperar su dinero una vez que sea declarada la quiebra de la azucarera.
“Lo que pasó aquí es que los directivos de Iturbe jodieron a medio mundo en gobiernos anteriores. Y ante la firmeza de este Gobierno optaron por amigarse con la Justicia. Esa es la realidad. El auxilio es un adelanto a cuenta de acreencia. No es un regalo”, remarcó.
INJUSTO. El titular de la UIP, Eduardo Felippo, dijo que no cree justo que el país tenga que pagar en el caso de la Azucarera Iturbe, si es que no se recupera el dinero pagado. Coincidió en que la Justicia es la que está complicando todo y que una vez que se liquide la empresa estimó que se podría volver a hacer funcionar la planta industrial con unos tres millones de dólares.