13 mar. 2025

Ley anti-ONG ya está en manos de Santiago Peña tras demorarse un mes en el Congreso

El Congreso Nacional remitió este martes la ley que aumenta el control a las organizaciones sin fines de lucro, conocida como “ley garrote”, que fue sancionada hace un mes. En caso de que el presidente Santiago Peña vete la normativa, el cartismo se alineará.

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El presidente del Congreso Basilio Bachi Núñez remitió este martes al Ejecutivo la ley anti-ONG.

Foto: Gentileza/Senado.

El presidente del Congreso, Basilio Bachi Núñez, informó que entre las 8:00 y 8:30 de este martes se remitió al Ejecutivo la ley anti-ONG que fue sancionada el 9 de octubre.

Consultado sobre si la demora para remitir el documento era con intenciones de dar más tiempo a Santiago Peña de decidir sobre el polémico documento, el legislador solo atinó a responder que hubo correcciones de forma.

Lea más: Organización internacional se suma a la preocupación y advierte peligro de la ley anti-ONG

“Fueron cuestiones y correcciones de forma que se dieron. No fue vulnerado ningún reglamento, ninguna ley, entonces fue remitido en forma correcta, sin ningún error, y el presidente de la República va a evaluar lo que corresponda para el país”, dijo a los medios desde la sede legislativa.

Explicó que, a partir de ahora, el presidente de la República tiene la potestad de promulgar, vetar totalmente o parcialmente la cuestionada normativa, en un contexto de presión política hacia Peña, a quien incluso organismos internacionales recomendaron vetar la ley.

Escuche el pódcast: ¿Cómo afecta la Ley garrote a las oenegés y al país?

Consultado sobre la postura cartista en caso de que el mandatario se decida por el veto, Núñez contestó que lo más probable es que Honor Colorado acepte la decisión.

“Nosotros siempre trabajamos en bancada, lo vamos a analizar, es difícil que si el presidente de la República veta (la ley) la bancada de Honor Colorado salga en contra, eso es histórico, ya lo veníamos manteniendo desde gobiernos anteriores, también la disidencia. Entonces, lo más probable es aceptar el veto en ese caso”.

La ley es cuestionada por su excesivo control a las organizaciones, especialmente las que trabajan con temas relacionados a la corrupción y transparencia de los órganos del Estado. En ese sentido, la oposición denuncia que se trata de una persecución para acallar a la sociedad civil.

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