El bloque cartista, con algunos votos liberales, logró que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que pretende compensar a ex trabajadores de las ex empresas contratistas de la Itaipú Binacional. Como resultado, unos 15.000 ex trabajadores podrían ser beneficiados con las indemnizaciones, por un monto total que alcanza los USD 940 millones.
Uno de los aspectos a considerar es que la normativa viola el artículo 137 de la Constitución Nacional, pues está modificando el Tratado de Itaipú; es por esa razón que la entidad va a plantear una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. “Itaipú tiene directorio binacional, brasileño y paraguayo, en partes iguales. Al dar a Itaipú la competencia de ejecutar la ley, se les está dando a las autoridades brasileñas la facultad de ejecutar una ley paraguaya, que no creo que sea procedente”, había explicado el director ejecutivo de la Itaipú Binacional, Juan Caballero.
Por otra parte, la normativa que establecería el pago a ex funcionarios de empresas ex contratistas de Itaipú es de cumplimiento imposible. Es claro que una ley paraguaya no puede obligar al Brasil, y además, ningún beneficio para un grupo puede sobrepasar el interés de la mayoría.
Se espera que el Ejecutivo vete este despropósito. Se debe considerar en este sentido que los 940 millones de dólares equivalen por ejemplo a 11 años de inversiones. Otros datos que ofrecen cierta perspectiva refieren que, solo en el presente año la entidad ha logrado alcanzar la suma de USD 220 millones de inversión en gastos sociales, compensaciones y gastos ambientales; de los cuales, USD 140 millones van a ser destinados al sector eléctrico de la ANDE y otros 80 millones a gastos socioambientales. Las inversiones mencionadas incluyen, por ejemplo: la construcción de grupos habitacionales, escuelas, colegios, centros de salud, centros recreativos y obras de infraestructura como vías de acceso, telecomunicaciones, instalaciones de electricidad, agua corriente, sanitaria, pluviales entre otros.
Asimismo, se debe señalar la arbitrariedad de la normativa, considerando la realidad del país. Si se contextualiza la actual crisis económica y social, como consecuencia de la crisis mundial, la pandemia y la guerra en Ucrania, no es apropiada la repartija de casi mil millones de guaraníes por parte de unos diputados que toman decisiones populistas en medio de unas sangrientas internas del Partido Colorado, y que son lo suficientemente irresponsables para entender que las consecuencias de sus decisiones afectarán no solo el presente sino el futuro del país, afectarán negativamente a toda la población.
En esta misma línea, deberán hacerse cargo de sus malas decisiones y deberán en algún momento responder ante sus electores, ante el pueblo paraguayo que con sus impuestos sostiene a ese poder del Estado.
Cómo van a explicar los diputados las arbitrariedades con que castigan a la ciudadanía, que debe afrontar con sus escasas posibilidades la crisis económica y la inflación, mientras que los trabajadores que tienen el privilegio de ganar un salario mínimo reciben un ajuste de apenas 260.000 guaraníes, pero al mismo tiempo, el Congreso está a punto de aprobar un pedido de la Corte Suprema para aumentar el salario a sus funcionarios para el PGN 2023. Esto significa que un trabajador del sector privado seguirá percibiendo un salario de G. 2.550.307 mensuales, pero un secretario de Juzgado de Paz podría tener aumento de G. 5.708.600, el doble del salario mínimo.
Es absolutamente indiscutible que el Poder Ejecutivo debe vetar el proyecto de ley aprobado por un grupo de diputados populistas.
