El viceministro de Administración Financiera de la cartera, Óscar Llamosas, informó que la propuesta fue terminada recién en la noche de ayer por los técnicos y será puesta a consideración del ministro Benigno López y del presidente Mario Abdo Benítez hoy. No obstante, ante la insistencia de los senadores recalcó que la columna vertebral ya fue definida y que prevén que el plan de emergencia dure tres meses.
En ese sentido, explicó que ante el planteamiento de suspender los pagos de impuestos y servicios básicos en ese periodo, más los gastos adicionales que van surgiendo en Salud Pública, la ley de contingencia demandaría un endeudamiento de hasta USD 2.000 millones para hacer frente a la pandemia.
En principio, el ministro López había hablado de una duración de dos meses y un costo aproximado de USD 1.000 millones.
En sus redes sociales, el secretario de Estado -en cuarentena tras volver de una gira internacional- subrayó ayer que el objetivo principal del proyecto es garantizar recursos a salud, proteger el empleo y evitar el corte de la cadena de pagos. En ese mismo sentido se manifestó Llamosas.
Saldo rojo. El viceministro de Administración Financiera resaltó que un endeudamiento de este tipo requerirá de una suspensión total de los topes de déficit fijados en Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) por este año.
Detalló que con estos números el déficit ya no solo sobrepasará el 1,5% del PIB, sino que incluso se prevé la suspensión de la cláusula de escape, ya que un saldo rojo de USD 2.000 millones representa el 5% del PIB, 2 puntos porcentuales por encima del 3% máximo fijado por la LRF en tiempos de crisis.
En la actualidad, los informes oficiales indican que la deuda pública llega a los USD 9.376,7 millones, lo que representa el 23,5% del PIB.
Apoyo. Los líderes de bancada del Legislativo, si bien apoyaron la iniciativa, emitieron sus sugerencias y pidieron apurar la presentación para responder a los reclamos de la gente (ver abajo).
Ex ministros de Hacienda como Manuel Ferreira y Santiago Peña, así como el ex titular del BCP Carlos Fernández también dieron su respaldo al planteamiento.
Reacciones
Seguir con los tijerazos a gastos superfluos
Stephan Rasmusen, senador de PQ, propone seguir recortando todos los gastos considerados superfluos y ver otras fuentes de financiación para hacer frente a la crisis por la pandemia. Manifestó su conformidad con la decisión de no utilizar los fondos jubilatorios, alegando que probablemente no se devuelvan, lo que hará que el sistema jubilatorio colapse antes de lo previsto. Preguntó qué pasa con las binacionales que manejan millonarios fondos.
Rechazo a la reasignación de los royalties
El senador colorado Enrique Riera presentó una serie de propuestas económicas y dejó abiertamente sentada su postura en contra de la utilización de los royalties.
En líneas generales plantea ampliar los planes sociales, reforzar la agricultura familiar campesina, inyectar unos USD 1.600 millones y priorizar gastos en salud e infraestructura. Asimismo, el legislador propuso un plan de ayuda a unas 50.000 familias por un tiempo limitado.
Mayor aporte de los sectores poderosos
Hugo Richer, senador del Frente Guasu, considera que los sectores poderosos económicamente deben comprometerse con el país para retornar los recursos que se van a invertir. Sugiere además que se revisen todos los recursos disponibles en el Estado antes que recurrir a un nuevo endeudamiento.
Indicó que su sector apoya la propuesta del recorte de todos los gastos superfluos, pero que con eso no alcanza para todo lo que el país necesita.
Titular de la SET anunció nuevas medidas tributarias
El titular de la Administración Tributaria, Óscar Orué, informó a los legisladores que entre hoy y los próximos días firmará nuevas resoluciones para dar un poco más de respiro a los contribuyentes en este tiempo de cuarentena por el Covid-19.
Explicó que, mediante la primera determinación, las entidades financieras y cooperativas deberán pedir certificados de cumplimiento tributario recién para otorgar créditos mayores a G. 150 millones, lo mismo que la constancia de no ser aportante del Fisco. Además, quedaron suspendidos los certificados de deuda tributaria por dos meses.
Estas medidas se suman a las ya anunciadas días atrás sobre suspensión de multas y fraccionamiento de impuestos, entre otros.