14 nov. 2024

Ley de conflicto de intereses sigue siendo letra muerta

La ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, promulgada hace apenas unos meses por el presidente, Mario Abdo, tendrá un estreno desafortunado, considerando los anunciados nombramientos del gabinete del presidente electo. La normativa aún no ha sido reglamentada, lo cual no debería ser un impedimento para cumplir la ley. De acuerdo con este escenario, el nuevo gobierno lamentablemente podría iniciar su gestión asumiendo este riesgo.

Es importante tener en claro que el sistema de puertas giratorias, denominado también circulación público-privada, es una forma de corrupción.

Según la normativa, el conflicto de intereses surge cuando los intereses particulares de una persona que desempeña funciones públicas o los de su grupo familiar influyen en la toma de decisiones en el ejercicio de su cargo. El objetivo de la ley es prevenir los conflictos de intereses, imponiendo restricciones, durante un periodo, a las actividades profesionales de ex funcionarios en el sector privado, cuando esas tareas estén directamente relacionadas con las funciones desempeñadas o supervisadas durante su permanencia en el cargo público. Es este círculo el que eleva el riesgo de que se produzca algún tipo de tráfico de información privilegiada, y eso definitivamente vulnera los principios de la libre competencia.

Precisamente, para evitar que se produzcan las puertas giratorias y en aras de lograr la mayor transparencia, fue impulsada esta ley que fuera promulgada en abril de este 2023. Lamentablemente, y si se consideran los anunciados nombramientos para integrar el gabinete del presidente electo Santiago Peña, debemos admitir que la ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública tendrá un debut desastroso.

Uno de los primeros casos se dio con el nombramiento del futuro ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, ex titular del Banco Central del Paraguay y ex gerente del Banco Basa. A continuación, Santiago Peña, quien fuera candidato por el movimiento Honor Colorado, sector cartista de la Asociación Nacional Republicana, ANR, había designado a la ingeniera Claudia Centurión como titular del Ministerio de Obras Públicas, quien forma parte del entorno del ex presidente Horacio Cartes y fuera gerente de la empresa constructora Jiménez Gaona y Lima, que pertenecía al ex mandatario y fue cedida a sus hijos tras la sanción financiera de EEUU. La firma había pertenecido al padre del imputado ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. Otra figura ligada a Cartes fue recientemente anunciada como futuro titular de Petróleos Paraguayos (Petropar) es Eddie Jara. Se debe mencionar que Jara ya había estado al frente de la estatal por 26 meses hasta que renunció para asumir como gerente de la empresa de combustible Enex, que había desembarcado en nuestro país de la mano de Cartes.

El futuro gabinete se compondrá, asimismo, por algunas figuras ya conocidas, como Tadeo Rojas, a quien el presidente electo anunció como ministro de Desarrollo Social. Rojas fue ministro del Interior cuando la policía atracó el PLRA y asesinaron a Rodrigo Quintana en la madrugada del 1 de abril de 2017. Fue destituido luego del asesinato del joven dirigente liberal en manos de la propia Policía Nacional. Ahora Rojas manejará los planes del gobierno en acciones de combate contra la pobreza y asistencia a sectores más vulnerables.

Es fundamental para nuestro sistema democrático evitar que se genere la denominada circulación público-privada. No solamente es una forma de corrupción, sino que además representará siempre un grave peligro de que produzca de alguna manera una captura de las instituciones del Estado por parte de dudosos intereses particulares, además de que representa la vulneración del principio de libre competencia.

Paraguay ya cuenta con una ley que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, pero falta aún ser reglamentada; debemos, pues, insistir en que esta falta no puede justificar el incumplimiento de la normativa.

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